Corte de EE. UU. anula fallo que podría imputar a administración Trump por desacato; victoria para el gobierno en polémico caso de deportaciones

Tribunal de apelaciones en EE.UU. revoca decisión judicial contra la administración Trump

Una corte de apelaciones en Estados Unidos ha invalidado una resolución de un juez menor que señalaba que la administración del expresidente Donald Trump podría enfrentar cargos por desacato judicial durante los primeros días de su campaña de deportaciones masivas. La decisión, emitida el pasado viernes, representa uno de los mayores reproches a la administración Trump desde el inicio de su segundo mandato.

La resolución fue adoptada por una mayoría de dos jueces frente a uno, en un fallo dividido. Los magistrados Gregory Katsas y Neomi Rao, nombrados por Trump, conformaron la mayoría. La única disidente fue la jueza Cornelia Pillard, designada por el expresidente Barack Obama. Rao argumentó que el tribunal inferior excedió su autoridad al abrir la posibilidad de que los funcionarios de Trump fueran considerados en desacato.

“La orden del tribunal de primera instancia intenta controlar la política exterior del Poder Ejecutivo, un ámbito en el que la autoridad judicial tiene su menor influencia”, escribió Rao. Por su parte, Pillard defendió la decisión inicial y cuestionó si en realidad el tribunal de apelaciones estaba limitando la autoridad judicial en favor de un mayor poder ejecutivo. “La mayoría menoscaba gravemente la labor de un juez que busca defender la autoridad judicial, que es la confianza compartida en nuestro sistema”, señaló.

## La administración Trump celebra la decisión

La administración Trump calificó la decisión como una victoria importante. El fiscal general, Pam Bondi, expresó en redes sociales: “Los abogados del Departamento de Justicia lograron una gran victoria defendiendo el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar terroristas extranjeros”. Además, afirmó que continuarán luchando en los tribunales para proteger la agenda presidencial y mantener la seguridad en EE.UU.

La disputa judicial comenzó en marzo, cuando el juez federal James Boasberg, en Washington, dictaminó que la Administración Trump debía detener las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta legislación, que permite deportar rápidamente a extranjeros en tiempos de guerra, había sido utilizada por Trump para expulsar a venezolanos acusados de pertenecer a pandillas.

El juez ordenó suspender el uso de la ley y detener todos los vuelos de deportación en curso. Sin embargo, dos vuelos con aproximadamente 250 personas lograron llegar a El Salvador tras la orden. La administración argumentó que no podía redirigir los vuelos y que no estaba segura de si la orden verbal del juez era vinculante. Incluso, Trump criticó públicamente a Boasberg, llegando a llamar a su destitución en redes sociales.

## Análisis de las sanciones y la controversia judicial

En abril, Boasberg determinó que las acciones de la administración mostraban un “desprecio intencional” por su orden, y como resultado, consideró que existía “causa probable” para acusar al gobierno de desacato penal. Aunque las sanciones por desacato pueden incluir multas o cárcel, aún no está claro qué penas específicas enfrentaría la administración Trump.

El juez resaltó que su decisión no fue tomada a la ligera y que dio ample oportunidad para que el gobierno justificara sus acciones, sin obtener respuestas satisfactorias. La administración de Trump, por su parte, sostuvo que Boasberg había invadido sus poderes ejecutivos. Además, en abril, la Corte Suprema de EE.UU. levantó las órdenes de restricción temporales que impedían el uso de la Ley de Enemigos para deportar a sospechosos de pandillas, aunque reafirmó que estos inmigrantes tenían derecho a ser notificados y a presentar recursos contra sus deportaciones.

## Debate sobre el control judicial y la autoridad ejecutiva

La decisión de la corte de apelaciones refleja la división sobre el alcance del poder judicial en asuntos de política exterior y seguridad nacional. Los jueces nombrados por Trump argumentaron que las órdenes del juez Boasberg infringían funciones esenciales del Ejecutivo, comparando la situación con decisiones históricas, como la suspensión de bombardeos en Camboya en 1973, que fue revertida por la Corte Suprema.

Por otro lado, la jueza Pillard sostuvo que Estados Unidos no está en guerra actualmente, por lo que la orden judicial para detener las deportaciones debía mantenerse. La controversia continúa evidenciando las tensiones entre los poderes judicial y ejecutivo en decisiones relacionadas con la seguridad nacional y los derechos de los inmigrantes.