Crisis en las cárceles: 22 funcionarios del Inpe han sido asesinados

Crónica de la crisis en el sistema penitenciario peruano: amenazas, asesinatos y corrupción

Un agente penitenciario, que prefiere mantener su identidad en reserva por temor, denuncia la gravedad de la situación de inseguridad en las cárceles del Perú. Según sus propias palabras, los funcionarios enfrentan amenazas y violencia constante, resultado de un contexto en el que ya se han registrado 22 asesinatos de servidores públicos desde 2010.

Asesinatos emblemáticos que evidencian la violencia

El 9 de enero de 2010, un atentado sicarial cobró la vida de Manuel Vásquez Coronado, director del penal Miguel Castro Castro. La víctima fue interceptada cuando salía de su domicilio en El Agustino y recibió disparos a quemarropa por desconocidos. Este hecho marcó un punto de inflexión en la crisis de seguridad penitenciaria.

El 14 de octubre de 2016, el agente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Cristian Cruz Luna, de 28 años, fue asesinado de cinco balazos tras salir de cumplir sus labores en el penal de Trujillo. La violencia también alcanzó a Selene Martínez Samamé, una obstetra que trabajaba en el penal de Lurigancho, quien fue interceptada y asesinada el 16 de mayo de 2017 al salir de su trabajo.

El 30 de junio de 2025, dos trabajadores del establecimiento penitenciario de Puerto Maldonado fueron víctimas de un ataque perpetrado por encapuchados a bordo de una motocicleta. Germán Vizcarra Alave y Gian Carlo García Alave habrían sido víctimas de una venganza, según informes oficiales.

La situación actual y la percepción del riesgo

El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios informa que, entre 2010 y 2025, se han registrado 22 asesinatos contra servidores del Inpe. Julio César Burga, presidente de la organización, afirma que ser guardia penitenciario en Perú implica riesgos constantes. «Normalmente, trabajar en una cárcel trae peligros por la convivencia con presos peligrosos, pero en nuestro país, muchas veces, eso termina siendo una condena a muerte», señala.

Las condiciones laborales deficientes, las amenazas de presos y criminales libres, además de la corrupción interna, crean un escenario alarmante para los funcionarios penitenciarios. La corrupción, en particular, representa uno de los mayores desafíos del sistema carcelario peruano.

Desafíos en la lucha contra la corrupción y la inseguridad

Los guardias penitenciarios, en teoría, son responsables de prevenir y combatir la corrupción dentro de las cárceles. Sin embargo, en la práctica, enfrentan obstáculos como la escasez de armas y equipo de protección, la falta de personal suficiente, dificultades logísticas para detener el contrabando y, en muchos casos, la propia infiltración de la corrupción en la institución. Todo esto, sumado a los riesgos para su integridad física, hace que ejercer control sea sumamente difícil.

Julio César Burga explica la complejidad: «Tratamos de controlar la situación, pero si lo hacemos demasiado, nos matan al día siguiente; si no participamos en ciertos actos, también nos matan».

Compromiso y medidas del gobierno

El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, aseguró recientemente que no dudará en tomar medidas drásticas contra los funcionarios corruptos. Anunció que impondrá sanciones severas a internos que vulneren las normas, trasladándolos a pabellones de régimen cerrado y máxima seguridad. Además, reafirmó la postura de tolerancia cero ante estos delitos, en un contexto marcado por el grave problema de hacinamiento en las cárceles del país.

Amenazas y amenazas en las cárceles

Un ejemplo de la peligrosidad que enfrentan los directores de cárceles es el caso del penal de Chincha. El 18 de octubre, el director, Juan Lenin Herrera Rozas, recibió amenazas de muerte tras ordenar la confiscación de celulares utilizados por los internos para extorsionar. La orden también incluía el traslado de ciertos presos a otros centros, lejos de sus familiares y de las bandas criminales con las que mantienen vínculos.

Horas antes, el presidente de la República, José Jerí, visitó el penal de Huaral (Aucallama) junto a los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Justicia, Walter Martínez, para supervisar las condiciones de seguridad del establecimiento.

Las amenazas contra Herrera Rozas llegaron en forma de videos en los que se muestran pistolas y municiones, y en los que criminales le advierten que lo matarán si concreta el traslado del interno Edinson Pier Flores Pinto, alias Cabezón Pier, condenado por homicidio calificado y robo agravado. Estos mensajes también llegaron al jefe de seguridad del penal.

El director relató que en una ocasión recibió un mensaje que decía: «Te vas a morir hoy… te vas a ganar tus plomazos«, junto con detalles de horarios y rutinas. Era la tercera vez que recibía amenazas desde que asumió su cargo.

Antecedentes de intimidación en los penales

En otro incidente, frente al penal de Lurigancho, se encontró una mochila con una granada y un mensaje intimidatorio dirigido al entonces director, Víctor Santos Huapaya. Estas amenazas evidencian la peligrosidad en la que operan los directores y funcionarios penitenciarios en el Perú.

La gravedad de la situación exige una respuesta efectiva y coordinada por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los servidores públicos, la integridad del sistema penitenciario y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en las cárceles.