La Defensoría del Pueblo del Perú ha sido sometida a un proceso de revisión extraordinario por parte del Subcomité de Acreditación de la GANHRI. La institución fue señalada por posibles violaciones a su independencia, falta de transparencia y ausencia de respuestas a denuncias enviadas por la Comisión Nacional por los Derechos Humanos (CNDDHH).

Este mecanismo fue activado tras meses en los que el despacho del defensor Josué Gutiérrez no presentó los descargos ni la información solicitada, generando preocupación a nivel internacional sobre la autonomía del organismo. La situación evidencia una creciente inquietud respecto a la capacidad de la Defensoría para actuar con independencia efectiva.

Denuncias y situación interna de la Defensoría

Las comunicaciones enviadas por la Cordinarora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) detallaron presuntas irregularidades en el funcionamiento interno de la institución. Entre ellas, se mencionan restricciones para acceder a archivos históricos, decisiones cuestionadas en la gestión administrativa y un clima institucional en deterioro.

Además, se reporta un debilitamiento en el rol de supervisión y control que debe ejercer la Defensoría, así como condiciones laborales precarias que afectan su capacidad de incidencia en la protección de derechos humanos.

El 1 de septiembre de 2025, la Secretaría del Sistema de Control de la Administración (SCA) recibió información de terceros, procedente de la CNDDHH, que motivó la evaluación de la situación. Tras analizar la documentación y constatar la falta de respuesta de la Defensoría, el SCA decidió activar una revisión especial, reservada para casos graves que comprometen la integridad institucional.

Implicaciones internacionales y evaluación futura

La GANHRI aplicó este procedimiento de forma excepcional, ya que normalmente solo se activa en casos donde se sospecha que una institución nacional de derechos humanos incumple los Principios de París. La preocupación central radica en la aparente falta de independencia del defensor Josué Gutiérrez, su limitada respuesta ante denuncias de violaciones de derechos humanos y la posible interferencia política en decisiones clave del organismo.

La evaluación internacional está programada para 2026 y determinará si la Defensoría del Pueblo mantiene la categoría A, que le permite participar activamente en instancias de Naciones Unidas. La pérdida de esta clasificación podría afectar su credibilidad y representar un retroceso institucional en el contexto peruano, marcado por tensiones políticas y denuncias de vulneraciones de derechos.

Cuestionamientos y preocupaciones del Subcomité de Acreditación

El Subcomité de Acreditación de la GANHRI fundamenta la revisión especial en la gravedad de las denuncias presentadas por la sociedad civil y en el silencio absoluto de la Defensoría ante los pedidos formales de información. Desde septiembre de 2025, la oficina del defensor Josué Gutiérrez no ha respondido a ninguno de los correos enviados por el SCA, lo que ha elevado las alertas sobre su comportamiento institucional.

Las denuncias de la CNDDHH también señalan una supuesta falta de transparencia en procesos internos, como la gestión de personal y restricciones en el acceso a documentos relacionados con derechos humanos. Se advierte además un debilitamiento del rol de supervisión de la Defensoría y un deterioro en sus condiciones laborales, lo que afecta su capacidad de ejercer su función de protección.

Para la GANHRI, estos indicadores comprometen la credibilidad y la independencia del organismo defensorial, en un momento en que resulta esencial una vigilancia activa del Estado. En consecuencia, el SCA ha decidido convocar a una evaluación prioritaria en 2026, que determinará si la institución sigue cumpliendo con los estándares internacionales en autonomía, transparencia y defensa de los derechos de la población.

El documento oficial del SCA señala: “El SCA está especialmente preocupado por las denuncias relativas a la capacidad de la Defensoría del Pueblo para desempeñar su mandato de manera eficiente, su independencia y la percepción de credibilidad”.