En una entrevista exclusiva, la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien recientemente fue inhabilitada por el Congreso para ocupar cargos públicos por un período de 10 años, hizo graves acusaciones contra la institución legislativa. Espinoza afirmó que el Ministerio Público “ha terminado de ser tomado”, con el objetivo de asegurar la impunidad en las próximas elecciones generales de 2026.

Acusaciones sobre su inhabilitación y persecución política

Espinoza expresó que su inhabilitación, que calificó de “arbitraria e inconstitucional”, fue llevada a cabo en coordinación con la Junta Nacional de Justicia. La exfiscal sostuvo que esta medida fue una acción rápida y irregular, diseñada para cercarla y limitar su capacidad de acción, en un contexto en el que funcionarios con investigaciones abiertas y posibles denuncias constitucionales, originadas por su despacho, estaban siendo afectados.

“Toda esta persecución política se da ante la incomodidad de funcionarios con investigaciones abiertas y denuncias constitucionales, que siempre han sido emitidas por mi despacho en estricto cumplimiento de la ley”, afirmó Espinoza. La exfiscal aseguró que la finalidad última de estas acciones es facilitar la impunidad, especialmente con miras a las elecciones del 2026, donde muchos congresistas buscan la reelección y no desean tener investigaciones o denuncias en su contra.

Instrumentalización de la Fiscalía para fines electorales

Al ser consultada sobre la posible utilización de la Fiscalía para favorecer o perseguir candidatos en los comicios del próximo año, Espinoza afirmó que existe un riesgo evidente. Mencionó que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, se ha mostrado prudente y ha evitado avanzar en casos importantes desde su llegada hace más de dos meses.

“Gálvez ha pedido disculpas por la actuación de la Fiscalía y ha manifestado que buscará actuar con mayor tranquilidad y prudencia. Sin embargo, en la práctica, solo ha archivado algunos casos, mientras que otros casos graves permanecen sin resolverse”, precisó.

Casos pendientes y la situación actual

Un ejemplo mencionado por Espinoza es el caso del exministro del Interior, Juan José Santibáñez. La exfiscal recordó que, antes de su suspensión, ya estaban llegando las pericias relacionadas con la voz de Santibáñez en casos de corrupción que son de conocimiento público.

“Faltó tiempo para avanzar en las investigaciones, debido a la suspensión apresurada que sufrí. Esto nos impidió proceder conforme a ley”, afirmó.

Pronunciamiento de las autoridades judiciales

Espinoza expresó su preocupación por la falta de pronunciamiento de sus colegas fiscales supremos y de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. La exfiscal cuestionó que, ante un evidente atropello a sus derechos fundamentales, estos altos funcionarios no hayan emitido ninguna declaración.

“Es muy extraño y hasta injustificado que los responsables de la administración de justicia en Perú no hayan reaccionado ante esta situación, que considero un ataque a la constitucionalidad y al Estado de Derecho”, afirmó.

Cuestionamientos sobre la legalidad de la inhabilitación

La exfiscal también abordó la justificación oficial de su inhabilitación, basada en la supuesta no aplicación de la Ley 32130, que otorga facultades de investigación a la Policía Nacional. Espinoza sostiene que no hay evidencia de que haya incumplido dicha ley, y que su reglamento fiscal está por encima de la voluntad del Legislativo.

“En los informes del Congreso no se ha demostrado que violé esa ley. Además, la Constitución siempre prevalece sobre las leyes ordinarias”, afirmó.

Referencia constitucional y su argumento legal

Espinoza explicó que el artículo 159 de la Constitución establece claramente que “el fiscal investiga el delito desde su inicio y la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del fiscal”.

“Por eso, solicitamos que se declare inconstitucional la ley del Congreso. Presenté una demanda ante el Tribunal Constitucional, la cual también fue respaldada por otros colegas fiscales”, concluyó.