Derechos LGBTIQ+ en Perú: la falta de atención gubernamental ante avances y omisiones en la agenda estatal

En Perú, la protección de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas avanza con lentitud y sin un respaldo legal sólido. Aunque existen sentencias internacionales que responsabilizan al Estado peruano por no garantizar derechos a la comunidad LGBTIQ+, la falta de un marco legal claro y políticas públicas integrales mantiene a estas personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

Desde la sociedad civil y colectivos LGBTIQ+, se han logrado algunos avances, como las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Azul Rojas Marín y Olivera Fuentes, que establecieron la responsabilidad del Estado por violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ+. Sin embargo, la implementación efectiva de estas decisiones y la adecuación normativa interna aún están pendientes en el país.

En el plano legal, Perú no reconoce las uniones entre personas del mismo sexo, ni en forma de matrimonio ni de unión civil. Además, no existe un procedimiento administrativo que permita a las personas trans modificar su nombre o género en sus documentos oficiales, lo que obliga a iniciar procesos judiciales largos y costosos. Las identidades no binarias tampoco tienen reconocimiento legal, dejando sin protección a quienes se identifican fuera del binarismo de género.

Las estadísticas reflejan la difícil realidad que enfrenta la comunidad LGBTIQ+. Según la Encuesta Nacional del INEI en 2017, el 72.5% de estas personas teme expresar su identidad o su orientación por miedo a sufrir violencia o discriminación. Entre 2020 y 2023, se registraron al menos 54 asesinatos de personas de esta comunidad, en un contexto en el que la violencia y la hostilidad permanecen latentes.

Estudios recientes muestran que una proporción significativa de la comunidad ha sufrido violencia verbal o psicológica. Además, encuestas como las de Ipsos revelan que menos del 25% de la población respalda el matrimonio igualitario, mientras que un 67% se opone a que las personas LGBTIQ+ tengan hijos o puedan adoptar, reflejando un rechazo social aún profundo.

En el ámbito educativo, la legislación vigente no reconoce la orientación sexual ni la identidad de género como causas de acoso escolar, dejando sin protección específica a estudiantes LGBTIQ+ víctimas de hostigamiento. La falta de normativas específicas dificulta la implementación de medidas de prevención y atención en las escuelas.

En cuanto a la participación institucional, las conmemoraciones por el Día del Orgullo en Perú han sido escasas en los últimos años. En 2024, ninguna entidad pública se pronunció oficialmente por esta fecha, lo que evidencia una tendencia de indiferencia por parte del Estado hacia la diversidad sexual y de género. La situación se agravó en junio, cuando la Marcha del Orgullo en Lima enfrentó obstáculos como la demora en permisos y el bloqueo del uso de espacios públicos, en un reflejo de un entorno hostil para la visibilidad y el ejercicio de derechos.

Las decisiones del gobierno y del Congreso en 2024 también mostraron retrocesos. Un decreto supremo intentó patologizar las identidades trans y no binarias al catalogar la transexualidad y el travestismo como enfermedades mentales, aunque luego fue modificado tras protestas sociales. Además, una ley aprobada en ese mismo mes prohibió a personas trans y no binarias usar baños públicos acordes a su identidad de género, bajo el argumento de proteger a menores, pero en realidad reforzó prejuicios y limitó su acceso a espacios comunes.

Estos obstáculos se suman a la falta de apoyo institucional visible. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados deben garantizar el principio de no discriminación por orientación sexual y género, y adoptar medidas concretas contra la violencia y la exclusión. Sin embargo, en Perú, la protección legal aún depende en gran medida de la acción de organizaciones civiles, sin una política de Estado que garantice derechos de forma sostenida.

La situación de las personas LGBTIQ+ en Perú requiere un cambio profundo. De cara a las Elecciones Generales de 2026, surge la oportunidad de incluir en el debate político la protección y promoción de sus derechos. Reconocer la discriminación estructural y establecer marcos normativos adecuados son pasos fundamentales para construir un Estado que garantice la igualdad y el respeto para todas las orientaciones sexuales e identidades de género.