RCR, 26 de junio 2025.- Mario Cedrón Laus, especialista en Desarrollo y Minería, señaló que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) demuestra que el Gobierno cede fácilmente a la presión de los mineros ilegales. Agregó que detrás de esta extensión se esconden consecuencias graves, sobre todo en el marco electoral donde muchos buscarán un espacio en los poderes del Estado.
“El ministro de Energía y Minas, el Gobierno y el Congreso han cedido ante la presión de sectores de ‘minería informal’, que lamentablemente sirve de patente para la minería ilegal, y prolongar por una vez más el REINFO, que ha sido un fracaso con muy serias consecuencias”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que no solo se ha normalizado una minería que delinque y genera muertes por condiciones precarias, incluyendo actividades ilegales como el trabajo infantil y la trata de personas, sino que el REINFO termina funcionando como una especie de patente de corso para la minería ilegal.
“Se había quedado que este registro vencía a fin de mes, pero ahora con la ampliación no queda duda de que el Gobierno y el Congreso están coludidos, esta minería ilegal ejerce gran presión, tiene gran poder económico y tiene votos por una motivación política detrás”, expresó.
La ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) se da en un contexto electoral, bajo fuertes presiones de sectores vinculados a la minería informal e ilegal, capaces de financiar movilizaciones masivas gracias a ingentes cantidades de dinero, que genera un serio riesgo de influencia política durante y después del proceso electoral.
Cedrón sostuvo que el peligro más grave detectado es la posibilidad de infiltración, donde miembros de la minería ilegal o informal ya han incursionado en partidos políticos, y se espera que en los comicios próximos aparezcan numerosos candidatos con nexos directos a esos sectores.
“Si uno se pone a ver qué personajes de la minería ilegal o de la minería informal están en trato con partidos políticos, no va a ser una sorpresa que las próximas elecciones tengamos a varios de ellos como candidatos, y van a intentar incursionar en la política para poder prorrogar una y otra vez el Reinfo o cambiarlo por algo similar, en esa línea no queda duda que están financiando campañas políticas”, enfatizó.
Indicó que tampoco se ha intervenido las plantas de tratamiento aurífero, no ha realizado trazabilidad del oro ni ha censado cuántas operaciones existen, ya sea formales, informales o ilegales. En muchos casos, se ha evidenciado complicidad entre gobiernos regionales, autoridades locales e incluso la policía para evitar acciones eficaces contra la minería ilegal.
“Los ilegales operan en zonas que son santuarios arqueológicos, parques nacionales, lugares donde está totalmente prohibida la minería y logran colocar su producción, principalmente con las plantas de tratamiento mineral aurífero, gracias a que disfrazan sus envíos con certificados de Reinfo de los mineros informales”, anotó.
Advirtió que la nueva Ley MAPE (Minería Artesanal y Pequeña Escala), en discusión en el Congreso, podría convertirse en un REINFO disfrazado, consolidando una prórroga perpetua más que una formalización real, sin sanciones automáticas ni plazos obligatorios, terminan dejando todo a la voluntad del minero artesanal.
“El problema del Reinfo o de la ley MAPE es que todo queda librado a la voluntad del minero artesanal que quiera formalizarse, si no a la voluntad de formalizarse no pasa nada. Y acá también hay otro tema de fondo, no hay decisión política de parte del Gobierno, que no quiere ganarse ningún problema con los mineros artesanales que suman una fuerte cantidad de personas y pueden hacer presión”, subrayó.