RCR, 04 de septiembre de 2020.- El embajador Guillermo Russo Checa, denunció que el área administrativa de la Cancillería está incurriendo en una abierta discriminación al tomar la decisión de negar derechos que por ley le corresponde a un grupo de funcionarios que han pasado a retiro en el servicio diplomático, pese a que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia los restituyó en sus funciones tras ser cesados arbitrariamente en 1992.
“En el año 1992 se aplicó la resolución suprema 453, por la cual el 29 de diciembre se cesó a un grupo de diplomáticos, éramos alrededor de 117. Después de esta medida acudimos al Poder Judicial y fuimos restituidos al servicio diplomático a través de una acción de amparo. Luego, el presidente Valentín Paniagua declaró la nulidad de esa resolución. Los funcionarios restituidos legalmente hemos seguido cumpliendo nuestras funciones y ahora que nos ha tocado pasar al retiro, en el caso mío el 2018, la Cancillería dispuso aplicar las medidas dadas en 1992 y no las leyes actuales”, dijo.
“Nosotros tenemos a favor nuestro las decisiones de la Corte Suprema de la República, decisiones del Tribunal Constitucional, decisiones del propio Poder Ejecutivo a través del embajador Pérez de Cuellar y del presidente Toledo cuando declara la reinstitucionalización del servicio diplomático”. “Lo que está sucediendo ahora es un segundo cese, porque somos 10 embajadores que estamos llegando al límite de edad, el caso mío fue el 23 de diciembre del 2018”, recalcó en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).
“Hay funcionarios que han pasado al retiro y han recibido su CTS (Compensación por Tiempo de Retiro) en forma normal y hay otro grupo de funcionarios que fueron cesados y que fueron restituidos legalmente y la Cancillería está haciendo una discriminación, porque están contabilizando nuestra CTS desde el momento en que fuimos restituidos y no desde el momento en que nosotros entramos al servicio diplomático. Hay funcionarios a los cuales no se les ha considerado hasta 25 años de su carrera. En el caso mío he servido 46 años al Estado”, indicó.
Lamentó que una institución sólida como Torre Tagle (sede de la cancillería), donde hay más de 800 funcionarios en actividad, con un presupuesto de casi 760 millones de soles al año, haya un grupo reducido de funcionarios en la sección administración, que no conocen lo que es vivir en democracia. “No saben respetar las decisiones de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo”, remarcó.
“Hay una mezquindad, están haciendo valer la resolución 453 (de 1992) y no la resolución que declara todo nulo, o sea para mis amigos todo y para mis enemigos la resolución por retroactividad. Estamos en un Estado de Derecho, donde debemos tener instituciones fuertes y sólidas. Y Torre Tagle debe ser un ejemplo, porque es la imagen del Perú afuera y además nosotros contribuimos para el desarrollo del país”, subrayó.
“Hay que preguntarle al propio viceministro de Relaciones Exteriores (Manuel Gerardo Talavera Espinar), porque fue el secretario general que el 2018 y el 2019 denegó la apelación a una serie de diplomáticos para que sean contabilizados todos sus años de servicio y las resoluciones están firmadas por él en ese entonces. Hay una ignorancia de las leyes, del Estado de Derecho, de las resoluciones dada por el presidente Paniagua, por el canciller Pérez de Cuellar y, también, por incompetencia”, agregó.
Precisó que hay un grupo de cinco funcionarios que ya judicializaron el caso al haberse cerrado todas las puertas de la Cancillería. “Lo que queremos es que no se violen nuestros derechos. Los funcionarios, que no fueron cesados, no han tenido problemas de recibir completo su CTS. Nos están discriminando, se están yendo contra la Constitución, la igualdad ante la ley”, puntualizó.
Mencionó que el canciller Mario López Chavarry, tuvo una intervención el martes en la Comisión de Relaciones Exteriores sobre este tema, ya que una congresista preguntó por los funcionarios cesados en los años 90. “Por parte de mi despacho hay total acogida y deseo de atender los pedidos, eso fue su declaración pública (del canciller). Entonces, nosotros ahora esperamos que actúe rápido. Queremos que se cumpla con la ley, eso es todo”, destacó.
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