LA MINERÍA ILEGAL PRETENDE REEMPLAZAR AL ESTADO Y LA LEGALIDAD EN TODO EL PERÚ

RCR, 03 de setiembre de 2024.- Raúl Molina, exviceministro de Gobernanza Territorial, expresó que la minería ilegal es un riesgo grande en diversas regiones para la vida social, ya que pretende reemplazar al Estado y la legalidad. Asimismo, indicó que, si el gobierno llega con servicios y desarrollo territorial, la población no se vería obligada a dedicarse a la minería ilegal.

“Cuatro de cada cinco empleos son informales o ilegales, en el Perú se han dedicado a construir una economía legal sujeta a reglas de promoción de la inversión privada para uno de cada cinco empleos, es así como las actividades ilegales han crecido enormemente frente a la inacción del Estado”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Señaló que se requiere de una acción policial basada en inteligencia, sobre todo en zonas de minería ilegal, asimismo, propuso una política multisectorial eficaz de desarrollo territorial junto al gran sector minero en todo el Perú, de esa manera, podría construirse una solución duradera a una serie de actividades ilegales.

“Hagamos que la vida en Hualgayoc, Bambamarca, Celendín, en Tambogrande, en Chumbivilcas, Cotabambas, Ananea, Madre de Dios, mejoren. Si mejoráramos la calidad de vida, si diéramos servicios básicos, una educación de una mínima calidad razonable, la gente no tendría que recurrir a las actividades ilegales”, precisó.

Molina indicó que luchar contra la minería ilegal compromete a los tres niveles de gobierno, ya que los gobiernos locales que son los más cercanos a la población. En ese sentido, sostuvo que, si la inacción del Estado permanece, las actividades ilegales seguirán creciendo en todo el Perú.

“Necesitamos un Estado presente de manera integral y sociedades territoriales organizadas que elijan sus prioridades, de igual manera, actores gubernamentales y líderes de la sociedad civil, que se pongan de acuerdo para recuperar el liderazgo de sus territorios. En Cajamarca, siete grandes empresas están presentes, actores del gobierno territorial, municipalidades, gobierno regional y universidades, podrían hacer mucho más si trabajan juntos para ir reduciendo espacios a las actividades ilegales”, anotó.