NARCOTRÁFICO AMENAZA A 274 COMUNIDADES Y CUATRO RESERVAS INDÍGENAS EN LA AMAZONÍA PERUANA, ADVIERTE EXPERTA

RCR, 06 de Junio 2025.- Alicia Abanto Cabanillas, ex defensora adjunta para el Medio Ambiente y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, alertó sobre la grave situación que atraviesa la Amazonía peruana a raíz del narcotráfico, revelada en un reciente informe de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), entre otras organizaciones, y difundido por Mongabay.

En declaraciones a Conexión Perú, de RCR, Abanto indicó que al menos 274 comunidades indígenas y cuatro reservas indígenas de protección de pueblos en aislamiento y contacto inicial han sido invadidas por el narcotráfico, lo que representa una amenaza multidimensional.

La experta detalló que esta problemática combina la invasión de tierras, deforestación de los bosques, violencia y el asesinato de líderes indígenas. El informe contabiliza 27 líderes indígenas asesinados hasta enero de 2025, de los cuales 17 crímenes están directamente vinculados al narcotráfico. Además, se registran desplazamientos de personas y un cambio en la estructura social de las comunidades.

Un factor estructural que facilita la penetración del narcotráfico es la falta de seguridad jurídica sobre las tierras, con 717 comunidades indígenas sin título de propiedad. Abanto criticó que el gobierno haya enfatizado la titulación individual en lugar de la comunal, lo que indirectamente incrementa la invasión de territorios colectivos.

Narcotráfico afianza su control en la Amazonía y amenaza a comunidades indígenas

Abanto Cabanillas alertó que el narcotráfico ha fortalecido su control territorial en la Amazonía peruana en los últimos 40 años, generando una «amazonización» de esta actividad ilícita que amenaza a las comunidades indígenas y las reservas de pueblos en aislamiento y contacto inicial

La ex defensora enfatizó que «no hay Estado en las comunidades indígenas más alejadas de la Amazonía», no solo en términos de seguridad, sino también en la provisión de servicios básicos como salud y educación, donde la precariedad es «enorme».

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