PATAZ, VÍCTIMA DEL DESGOBIERNO

Lima 06 de Mayo 2025.- Una nueva tragedia enluta al país tras la masacre de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad. Este brutal suceso pone de manifiesto, según expertos, la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y el avance imparable de las mafias en las zonas de extracción minera.

Los hechos ocurrieron esta semana, cuando un grupo armado irrumpió en las inmediaciones de una planta minera, secuestrando, torturando y ejecutando a 13 trabajadores. Las investigaciones preliminares apuntan a que organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal están detrás de este crimen, en medio de una violenta disputa por el control de recursos y territorios.

De acuerdo con Javier Aliaga, experto en Relaciones Comunitarias y Resolución de Conflictos, este episodio no es un hecho aislado, sino la confirmación de que “el Perú es una tierra sin ley, sin autoridad y sin capacidad de salvaguardar el derecho más elemental, el derecho a la vida”. Aliaga denuncia que las bandas criminales “amparadas por la debilidad institucional, hoy dictan las reglas”, dejando a comunidades enteras paralizadas ante el miedo y la violencia.

El analista también critica el fracaso del proceso de formalización minera en el país. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado para regularizar la minería artesanal e informal, se ha convertido en “un limbo legal que solo protege a operadores informales y mafiosos bajo la excusa de una formalización infinita”. Así, más de medio millón de peruanos que dependen de la minería artesanal permanecen excluidos de un marco legal efectivo, lo que facilita la proliferación de plantas sin minas propias, corrupción y creciente inseguridad.

Según el especialista, la supervisión estatal es prácticamente imposible. La ausencia real del Estado no sanciona ni previene, creando un caldo de cultivo para nuevas tragedias. Por ello, se exige un cambio radical en la estrategia.  “La gravedad del momento exige liderazgo concreto y un enfoque renovado. No sirven los discursos vacíos ni las emergencias de escritorio”, sentencia Aliaga.

Frente a la gravedad de la situación, se demanda al Congreso asumir la responsabilidad de reformar las leyes y tipificar a estas organizaciones criminales como “verdaderos grupos terroristas”. El Congreso debe endurecer las leyes. No basta con estados de emergencia ni discursos huecos mientras la inoperancia del gobierno regional y nacional ha sido la constante”, agrega.

La masacre de Pataz debe servir de advertencia para todo el país, señala el analista. “Pataz no es solo el escenario de una tragedia reciente, es la advertencia clara de lo que puede repetirse en cualquier parte del Perú si la parálisis y el desgobierno continúan”.

Finalmente, hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo y al Congreso para dejar de lado las diferencias políticas y dictar normas necesarias que permitan sancionar ejemplarmente a quienes perpetran estos crímenes. “La exigencia es clara, necesitamos respuestas inmediatas, acciones efectivas y ejercer con firmeza el principio de autoridad para restaurar la confianza. El tiempo ya se acabó”, concluye Aliaga.

Ante esta situación crítica, se demanda al Congreso que reforme las leyes y tipifique a estas organizaciones criminales como “verdaderos grupos terroristas”. “El Congreso debe endurecer las leyes. No basta con estados de emergencia ni discursos huecos mientras la inoperancia del gobierno regional y nacional persiste”, añade Aliaga.

La masacre de Pataz debe ser una advertencia para todo el país, sostiene el analista: “Pataz no es solo el escenario de una tragedia reciente, sino una clara señal de lo que puede repetirse en cualquier parte del Perú si la parálisis y el desgobierno continúan”.

Finalmente, se hace un llamado urgente al Poder Ejecutivo y al Congreso para dejar de lado las diferencias políticas y promulgar normas que permitan sancionar ejemplarmente a quienes cometen estos crímenes. “La exigencia es clara: necesitamos respuestas inmediatas, acciones efectivas y ejercer con firmeza el principio de autoridad para restaurar la confianza. El tiempo se ha agotado”, concluye Aliaga.