RCR, 08 de julio de 2020.– El excongresista Juan Carlos del Águila, dijo que la ampliación del contrato de explotación petrolera del Lote 192 hasta el primer trimestre del 2021 significa un atraso para el país, al considerar que Petroperú debería convocar a un operador internacional que sea capaz de elevar la producción del crudo para generar más oportunidades laborales y mayores ingresos al fisco.
“Esto significa continuar con el estado en el que está este Lote 192, de parálisis, de perdida de producción, de pérdida de masa laboral, un atraso para el país. Petroperú no tiene la capacidad para operar el Lote 192 y es necesario que convoque a un operador internacional que tenga las espaldas suficientes y la capacidad para sacar adelante un lote tan grande que tiene el Perú y que puede significar miles de millones de ingreso a nuestra economía”, dijo el exparlamentario a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Remarcó que “la ampliación del contrato de explotación del Lote 192 hasta el primer trimestre del 2021 es alargar la letanía, el ostracismo y la indefinición que hay respecto a lo que se tiene que hacer con en esa área que es el más importante que tiene el país en materia petrolera”. “Petroperú no ha tenido la capacidad suficiente de operar el lote y ser convocante para que un aliado importante pueda operar con él”, indicó.
“Se estima que en la Amazonía alrededor de 10 mil trabajadores han sido despedidos y son los que se dedican a la actividad petrolera. Loreto es una región altamente petrolera. Las principales compañías de Loreto tienen paralizadas sus actividades, salvo Petrotal. Eso significa una afectación importante en la masa laboral y en los ingresos tributarios y eso se traduce en canon. Si Loreto recibía cerca de S/. 18 millones mensuales, hoy día está recibiendo menos de S/. 800 mil. Su capacidad de inversión pública ha disminuido notablemente y eso se traduce en aumento de mototaxis y 10 mil vendedores en las calles de la ciudad de Iquitos”, dijo.
Manifestó que “las inversiones en hidrocarburos no son inversiones que tienen un resultado inmediato, pero los peruanos sí podemos ponernos de acuerdo para generar las inversiones internacionales, para que puedan mirar la Amazonía peruana como una opción interesante para invertir, donde normalmente hay paz social, donde las autoridades y las comunidades son aliados para promover la inversión”. “Y esa inversión se traduce en empleos e ingresos importantes para el fisco peruano”, destacó.
Gobierno ya está de salida
Del Águila señaló que el gobierno ya está de salida y es difícil lograr compromisos efectivos más aún cuando la titular de Energía y Minas no asume compromisos con el propio sector que representa. “El recurso petrolero y gasífero es una fuente importante de ingresos, pero tal parece que para el presidente Vizcarra esto no es lamentablemente la prioridad”, expresó.
“Todos los peruanos debemos tomar consciencia que no solo hemos sido afectados en la salud por la pandemia que sigue aun azotando al mundo, sino que la economía está bastante venida a menos y va a ser más crítica aun en los próximos meses. Los ciudadanos tenemos que tomar iniciativas para ver de qué manera vamos poniendo el hombro para reactivar la economía potenciando sectores importantes de la Amazonía como son los recursos hidrocarburíferos”, afirmó.
Mencionó que “tenemos una amenaza de toma de la Estación 5 de Petroperú producto de la desatención del Estado, no porque las compañías privadas o Petroperú incumplen con las comunidades, es porque mayores obligaciones no tienen las compañías, las compañías tienen obligaciones con el Estado, tienen que pagar sus impuestos y regalías por la producción, pero dotación de una escuela y de un centro de salud”. “Eso es responsabilidad del Estado y lamentablemente los sucesivos gobiernos han ignorado a la masa indígena de la Amazonía”, remarcó.
“Desde el Congreso fui convocante para que el gobierno nacional, el gobierno regional y las comunidades indígenas se sienten a conversar y producto de eso es que se han llegado a acuerdos firmados con actas del plan de cierre de brechas aprobado por las comunidades como el gobierno nacional. Sin embargo, el documento queda en letra muerta si es que no hay ejecución de los compromisos adquiridos y entonces el Gobierno y el Estado pierden credibilidad, porque han incumplido esos compromisos”, subrayó.
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