PIURA: AFIRMAN QUE EXISTE UN INCREMENTO DE MINERÍA ILEGAL EN TAMBOGRANDE, LAS LOMAS, SUYO, AYABACA Y HUANCABAMBA

RCR, 29 de mayo de 2025.- Hernán Ruiz Arias, decano del Colegio de Abogados de Piura, afirmó que en zonas como Tambogrande, Las Lomas, Suyo, Ayabaca y Huancabamba, hay un incremento descontrolado de la minería ilegal, por lo tanto, demandó al Estado ejercer un mayor control y recursos que permitan detener esta actividad.

“Hace algunos años hubo un problema social muy fuerte en el que estuvo involucrado Tambogrande, Las Lomas y parte de la provincia de Piura, y mediante un referendo decidieron que la minería no podría instalarse porque friccionaría con la agricultura y por ser una zona eminentemente agrícola”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Sin embargo, precisó que, a partir de aquella época a la actualidad, la minería ilegal se ha expandido descontroladamente en zonas como Tambogrande, Las Lomas, Suyo, Ayabaca y Huancabamba, tomando control de los territorios por la ausencia del Estado y de una fiscalización efectiva.

“Nosotros proponemos que el Estado tenga presencia activa en el control de esta actividad ilegal, porque esto se enmarca en una problemática general de la inseguridad ciudadana que es parte de la minería ilegal. Ya tenemos víctimas mortales y amenazas constantes, por ello necesitamos frenar este avance”, expresó.

Indicó que una de las principales barreras para enfrentar el problema es la precariedad del sistema judicial y policial en la región, ya que Piura tiene un déficit del 50% en jueces, más del 50% en fiscales y la alarmante falta de al menos 4.000 policías.

“Somos la segunda región más poblada después de Lima y que además aporta al erario nacional, sin embargo, esto no se refleja en el sistema de la justicia en todos sus aspectos, no contamos con el mínimo necesario para garantizar justicia y seguridad”, afirmó.

Remarcó que la minería ilegal está estrechamente ligada al crimen organizado y se desplaza a zonas urbanas por su capacidad logística y financiera. “El Estado debe responder con todos sus instrumentos legales, pero también con la movilización de la ciudadanía. De lo contrario, seguirán ganando terreno y la población vivirá con miedo”, concluyó.

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