Deudas prescriben a los 10 años en Perú, pero el proceso no es automático

¿Qué dice el Código Civil de Perú sobre la prescripción de deudas?

En Perú, el Código Civil establece que las deudas prescriben tras un período de 10 años. Esto significa que, pasado ese plazo, el acreedor ya no podrá iniciar acciones legales para exigir el pago, beneficiando significativamente al deudor. Sin embargo, el proceso para que opere la prescripción requiere cumplir ciertos pasos legales.

Importancia y proceso de la prescripción de deudas

Para que la prescripción sea efectiva, el deudor debe acudir ante una autoridad judicial y solicitar la declaración de extinción de la deuda. Según André Sota, profesor de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), este procedimiento implica presentar una demanda de extinción de contrato, dependiendo de la cuantía de la deuda. Una vez que el juez oficializa la extinción, el deudor queda liberado de esa obligación y el acreedor no podrá tomar acciones legales posteriores.

Es importante aclarar que, antes de que transcurran los 10 años, los bancos y entidades financieras cuentan con diversos mecanismos para cobrar las deudas en mora, tales como:

• Obligación de dar suma de dinero: demanda que busca que el deudor cumpla con la obligación contractual pendiente.
• Anotaciones en registros públicos: medidas cautelares que modifican el registro de un bien, alertando al público sobre la existencia de una deuda relacionada, para desincentivar su adquisición.
• Ejecución de bienes inmuebles: embargo y desalojos de propiedades hipotecadas para garantizar el pago.

¿Qué sucede con las deudas prescritas en Perú en los registros?

El hecho de que una deuda haya prescrito no implica su eliminación de las centrales de riesgo. La deuda seguirá reflejada en el historial crediticio del deudor, lo que puede perjudicar su evaluación crediticia y dificultar el acceso a nuevos créditos, como préstamos de consumo o hipotecarios.

Además, las deudas impagas pueden permanecer en las bases de datos de entidades como Infocorp por un máximo de cinco años, según lo establecido en la Ley de las Centrales Privadas de Información de Riesgo (CEPIRS). Sin embargo, la obligación legal de pagar la deuda no desaparece automáticamente tras ese período.

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