Dina Boluarte celebra fallo del Tribunal Constitucional que bloquea investigaciones fiscales y recibe respaldo del defensor del Pueblo

El informe del Defensor del Pueblo y su apoyo a la presidenta Boluarte

El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió tres investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte ha generado un intenso debate en Perú. En este contexto, un informe elaborado por el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, ha sido interpretado como un respaldo explícito a la gestión de la mandataria. La publicación de este documento ha puesto de manifiesto las tensiones entre los diferentes poderes del Estado y el papel de las instituciones en momentos de crisis política.

Durante un acto público, Boluarte calificó la decisión judicial como parte de su legado político, destacando que representa una victoria institucional. La presidenta afirmó que la resolución del TC es un ejemplo de la fortaleza del sistema democrático peruano. En paralelo, Gutiérrez expresó públicamente su satisfacción con el fallo, declarando que “hay un manto de protección que lo ha señalado el TC y sobre eso no se debe discutir más”. Su postura fue clara al afirmar que, desde el punto de vista jurídico y político, el asunto ya estaba cerrado, y que no había nada pendiente respecto a ese tema.

¿Es un blindaje para la presidenta?

Al ser consultado sobre si esta decisión judicial significaba un respaldo directo a Boluarte, Gutiérrez fue categórico al responder que “no, igual le hubiera dicho con Pedro Castillo”, en referencia a expresidentes anteriores. Además, justificó su apoyo en la diferencia procesal en el caso de Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, afirmando que en su momento no existía la sentencia que ahora existe y que, en el futuro, estas situaciones no se repetirán. Sin embargo, informes del medio Punto Final revelaron que la actuación de Gutiérrez no se limitó a declaraciones públicas, sino que también tuvo implicaciones en otros ámbitos institucionales.

Un documento interno de la Defensoría del Pueblo, fechado en septiembre de 2024 y presentado ante el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, proponía cambios constitucionales para limitar aún más la capacidad del jefe de Estado de ser investigado durante su mandato. En ese informe, Gutiérrez sugería modificar el artículo 117 de la Constitución, introduciendo la palabra “investigado” para restringir las indagaciones únicamente a delitos ya definidos en la carta magna, como traición a la patria o impedir elecciones.

Propuestas y controversias

Este documento, que aún no ha sido publicado oficialmente en la página de la Defensoría, genera preocupación en diversos sectores. Gutiérrez justificó su elaboración argumentando la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar la protección de la presidenta Boluarte, quien ha enfrentado múltiples denuncias y procesos judiciales. Según sus palabras, “si en estos momentos sale una denuncia periodística y aparece un hecho que constituye delito, la fiscalía iniciaría los actos indagatorios y las pesquisas necesarias”.

La postura del defensor del Pueblo contrasta con otras voces que consideran que su apoyo puede estar poniendo en riesgo la independencia de las instituciones. La tensión entre la defensa de la institucionalidad y la política partidaria continúa siendo un tema central en el escenario peruano, en medio de una crisis que pareciera estar lejos de resolverse. La discusión sobre los límites del poder y la protección de la figura presidencial sigue en marcha, generando debates en todos los niveles del Estado y la sociedad.