Contexto de la vacancia y pérdida de inmunidad

El 10 de octubre de 2025, Dina Boluarte fue sometida a una moción de vacancia por parte del Congreso, que la había mantenido en el cargo durante casi tres años. Como consecuencia de esta decisión, dejó de gozar de la inmunidad parlamentaria y ahora enfrenta 11 investigaciones fiscales en su contra.

De esas investigaciones, ocho están relacionadas con presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como presidenta. La información fue confirmada por su abogado, Juan Carlos Portugal, en una entrevista con medios de comunicación.

Investigaciones en su contra

El primer caso que motivó una investigación contra Boluarte Zegarra fue el relacionado con las muertes ocurridas durante la represión a las protestas entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Ella es investigada por presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves.

Revisión del proceso en el Congreso

El 11 de septiembre de 2025, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional presentada por el ex fiscal de la Nación, César Hildebrandt. Durante la sustentación del informe, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones (APP), afirmó que “no existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura del Estado con la intención de causar muertes y lesiones”.

Otra línea de investigación: cohecho pasivo impropio

Otra de las causas por las que se investiga a Boluarte es el presunto delito de cohecho pasivo impropio, relacionado con la supuesta recepción de joyas y relojes a cambio de un presupuesto adicional para el Gobierno Regional de Ayacucho, liderado por Wilfredo Oscorima.

Blindaje legislativo y solicitudes de reconsideración

El Parlamento, a través de la Comisión Permanente, respaldó a Boluarte al aprobar el informe de la SAC que recomendaba no continuar con la investigación. La Fiscalía solicitó al Congreso que reconsidere esta decisión, pero la decisión inicial prevaleció.

Investigaciones por procedimientos médicos y falsificación

La exmandataria también enfrenta dos investigaciones relacionadas con un procedimiento quirúrgico realizado el 28 de junio de 2023, sin que solicitara licencia para ausentarse del Congreso. Se le acusa de presunto abandono del cargo y falsedad genérica por supuesta falsificación de firmas en resoluciones supremas durante su recuperación, entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023.

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, el 18 de junio de 2025, un informe final que recomienda su vacancia por “incapacidad moral permanente”, argumentando que se ausentó sin delegar funciones ni informar al Congreso en ese período.

Investigación por presunto acuerdo con la fiscal Patricia Benavides

Asimismo, está bajo investigación por un posible acuerdo con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, para mantener en el cargo al excomandante general de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado. La Fiscalía de la Nación, en abril de 2025, archivó preliminarmente la investigación, señalando que no había pruebas suficientes, aunque advirtió que podría reabrirse si surgieran nuevos elementos.

Procedimiento contra la supuesta desactivación del grupo policial

Otra acusación apunta a que Boluarte habría desactivado un grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Efficcop), con el fin de “neutralizar las investigaciones” contra su hermano, Nicanor Boluarte. Se le imputa posible encubrimiento personal y abuso de autoridad. En junio de 2025, su defensa solicitó la anulación de la denuncia constitucional, pero el Poder Judicial rechazó esta petición.

Uso del vehículo presidencial en favor de prófugos

Finalmente, también se le investiga por el presunto uso del vehículo presidencial, conocido como ‘cofre’, para facilitar el traslado del prófugo Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre. La denuncia constitucional en relación con este caso fue presentada en mayo de 2025 ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. La defensa de Boluarte sostiene que ya no hay pendientes declaraciones ante la Fiscalía, ya que el proceso pasó al ámbito legislativo.

Investigaciones por hechos previos a su mandato

Por otro lado, la ex presidenta enfrenta tres investigaciones relacionadas con delitos cometidos antes de asumir el cargo. Estas indagaciones incluyen su presunta participación en el financiamiento ilícito de la campaña de Perú Libre en las elecciones de 2021, la contratación de Víctor Torres Merino en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y un posible favorecimiento a empresas proveedoras de alimentos para el programa Qali Warma.