Dina Boluarte enfrenta cinco mociones de vacancia por presunta incapacidad moral

La permanencia de Dina Boluarte con las horas contadas. En menos de una hora, se presentaron cinco mociones de vacancia presidencial. Estas iniciativas, provenientes de diferentes bancadas y con fundamentos independientes, buscan destituir a la mandataria bajo la causal de “permanente incapacidad moral”, prevista en la Constitución peruana.

El escenario político en Perú atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el inicio de la gestión de Boluarte. El debate se centra en la responsabilidad ética y legal de la Presidencia, en medio de una creciente ola de criminalidad, denuncias de corrupción y pérdida de apoyo popular.

Principales argumentos de las mociones de vacancia

Las mociones presentadas en el Congreso hacen énfasis en el incremento sostenido de la inseguridad ciudadana. Según cifras oficiales de la Policía Nacional del Perú, entre enero y septiembre de 2025 se reportaron más de 20,700 denuncias por extorsión, con aumentos superiores al 50% en regiones como Tumbes, Madre de Dios, Puno, Cusco y Lima Metropolitana.

Las mafias han consolidado su presencia tanto en zonas urbanas como rurales, generando ataques a empresarios, transportistas y ataques a artistas, como Agua Marina, Chechito y los Cómplices de la Cumbia, así como Toño Centella. Estos hechos evidencian la vulnerabilidad de los sectores productivos y culturales frente a la criminalidad.

La crisis también ha afectado al sector educativo. Más de 500 colegios privados han recibido amenazas de extorsión, lo que ha llevado a algunos a suspender clases o a migrar a la modalidad virtual por temor a atentados. El gremio transportista ha reportado decenas de asesinatos de choferes que se negaron a pagar cupos a bandas criminales.

Las mociones de vacancia responsabilizan al Gobierno de una respuesta ineficaz ante la inseguridad y acusan a la presidenta de mostrar desconexión y falta de empatía frente al sufrimiento de la población.

Costos económicos de la inseguridad

Según las estimaciones recogidas en las mociones, el costo de la criminalidad supera los 20 mil millones de soles al año. Esto equivale a aproximadamente el 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB) del Perú, generando desinversión, cierre de empresas y reducción del empleo formal.

Denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito

Otra línea argumental fundamental es la serie de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, conocida como “Rolexgate”. Las mociones hacen referencia a investigaciones de la Fiscalía de la Nación sobre la posesión y omisión de declaración de relojes de alta gama, así como a transferencias presupuestarias a gobiernos regionales vinculadas a estos hechos.

Se menciona el préstamo de relojes por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y el hallazgo de documentos y objetos de valor en allanamientos judiciales. Además, se cuestionan los viajes internacionales de Boluarte, supuestamente avalados tras cambios legislativos inconstitucionales, así como su prolongada ausencia por motivos médicos y cirugías estéticas, hechos que, según las mociones, se intentó ocultar mediante imágenes de archivo sin informar al Congreso.

También se investiga a la presidenta por presuntos delitos de abandono de cargo y omisión de actos funcionales durante sus ausencias. Los parlamentarios denuncian además un blindaje político a funcionarios cuestionados en el Ministerio del Interior y nombramientos de personas con antecedentes o investigaciones por corrupción.

Respuesta estatal ante las protestas sociales

Finalmente, los documentos de las mociones también abordan la gestión del Estado frente a las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Se registran decenas de civiles fallecidos y se acusa a la administración de Boluarte de implementar una política represiva que, según los argumentos, contribuyó a profundizar la crisis social y política del país.