Dina Boluarte firma hoy la ley de amnistía para fuerzas militares y policiales pese a solicitud de la CIDH

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, tiene previsto firmar este mediodía la polémica Ley de Amnistía en una ceremonia que se realizará en el Palacio de Gobierno. La norma, aprobada por el Congreso en julio pasado, beneficiará a policías, militares y miembros de comités de autodefensa acusados o procesados por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto interno peruano, entre 1980 y 2000.

Esta ley, contenida en el Proyecto de Ley 7549/2023-CR, busca otorgar amnistía a quienes no tengan sentencia firme y enfrenten investigaciones relacionadas con delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en esas décadas. Además, incluye un apartado humanitario para personas mayores de 80 años que hayan sido sentenciadas, siempre que no hayan sido condenadas por terrorismo o corrupción.

La iniciativa ha generado fuertes críticas a nivel nacional e internacional. Organismos de derechos humanos y juristas advierten que la ley podría facilitar la impunidad en casos emblemáticos como los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, considerados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como crímenes de lesa humanidad. La preocupación radica en que la legislación podría contradecir normas internacionales que prohíben las amnistías en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

El respaldo del Congreso fue mayoritario, con 61 votos a favor en el Pleno, predominantemente de bancadas conservadoras. Sin embargo, en contra se pronunciaron 44 legisladores y hubo 3 abstenciones. La decisión ha reavivado el debate sobre la justicia y la memoria histórica en el país, particularmente en un contexto donde la Comisión Interamericana ha pedido suspender la aplicación de dicha ley y ha convocado a una audiencia para evaluar su impacto.

Diversos sectores de la sociedad civil consideran que la promulgación de esta norma podría representar un paso atrás en los esfuerzos por esclarecer la verdad y garantizar justicia para las víctimas del conflicto. La comunidad internacional, incluyendo la Corte IDH, ha expresado su preocupación por los posibles incumplimientos y el riesgo de que Perú incurra en desacato a fallos vinculantes.

Mientras tanto, la oposición y organizaciones de derechos humanos continúan alertando sobre las implicaciones de la ley, que rememora aspectos del pasado régimen de Alberto Fujimori, caracterizado por medidas similares que buscaron proteger a militares implicados en violaciones graves. La polémica sigue vigente, en un momento en que el país se encuentra en la mira internacional por su gestión de los derechos humanos y la memoria histórica.