Dina Boluarte provoca rechazo en Bolivia al calificar al país como “fallido”: análisis del significado y la postura de indicadores internacionales

Durante su discurso por las Fiestas Patrias ante el Congreso de la República, la presidenta Dina Boluarte sostuvo que Perú había logrado evitar convertirse en un «país fallido», similar a Cuba, Venezuela o Bolivia, gracias a su gestión tras la destitución de Pedro Castillo. La mandataria afirmó que, de no haber tomado las medidas necesarias, el país estaría en un escenario de estancamiento económico, con poca inversión y obras públicas inconclusas, además de un aumento en los niveles de pobreza, lo que, en su opinión, lo acercaría a convertirse en un estado en crisis.

Estas declaraciones generaron una rápida y enérgica respuesta desde Bolivia. El vicecanciller y el presidente boliviano, Luis Arce, expresaron su rechazo a las afirmaciones de Boluarte, calificándolas de “inadmisibles” y subrayando que no representan el sentir del pueblo peruano. Según Arce, Bolivia mantiene lazos históricos de hermandad, respeto y cooperación con Perú, y la declaración de la presidenta no refleja la realidad de su nación.

El presidente boliviano también informó que convocó al encargado de negocios del Perú en Bolivia para transmitir el rechazo oficial de su gobierno respecto a esas declaraciones. Además, anunció que la delegación diplomática boliviana en Lima hará pública una posición oficial en defensa de la amistad entre ambos países y los valores democráticos compartidos. Arce resaltó que, pese a las diferencias, ambos países deben seguir fortaleciendo sus relaciones bilaterales.

El término “país fallido” es común en el discurso político, aunque en el ámbito académico se prefiere el término “Estado fallido”. Aunque no existe una definición universalmente aceptada, expertos como Robert Rotberg describen un Estado fallido como aquel que no puede o no quiere cumplir con funciones básicas, como garantizar la seguridad y administrar servicios públicos. Otros, como Noam Chomsky, indican que estos Estados no protegen a sus ciudadanos frente a la violencia y operan fuera de los límites legales internacionales.

Este concepto también se aplica a gobiernos que pierden control de su territorio, enfrentan alta inestabilidad política, incumplen en la entrega de bienes públicos y fracasan en mantener la paz interna. Sin embargo, su uso suele estar influenciado por intereses políticos y genera controversia por su carga diplomática.

Uno de los principales instrumentos para evaluar la fragilidad de los Estados es el Índice de Estados Frágiles (Fragile States Index), elaborado por Fund for Peace. Este índice analiza 12 indicadores sociales, económicos, políticos y de seguridad, situando a los países en una escala de mayor o menor riesgo de colapso. En la edición 2024, con la participación de 179 países, Somalia, Sudán y Sudán del Sur ocuparon los primeros lugares en fragilidad.

En la región andina, los datos muestran que Bolivia se encuentra en el puesto 81, mientras que Perú ocupa el lugar 76. Esto indica que Perú está más cercano a ser considerado un Estado frágil o en riesgo de colapso, lo que contrasta con la postura de la presidenta Boluarte, quien afirma que su país ha evitado esa situación. La diferencia en las clasificaciones refleja las diversas perspectivas y desafíos que enfrentan ambos países en materia de estabilidad y gobernabilidad.