Ecuador enfrenta crisis institucional y violencia en busca de transparencia

Ecuador enfrenta una crisis multidimensional que ha golpeado duramente su estabilidad social y política. La escalada de violencia, la corrupción estructural y la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas son elementos que agravan la situación, generando un escenario complejo y desafiante para el país.

Expertos en diferentes disciplinas coinciden en que no existe una solución rápida a estos problemas. La clave para salir adelante radica en fortalecer las instituciones públicas mediante procesos de mayor transparencia y rendición de cuentas. La crisis se ha visto profundizada por el crecimiento del crimen organizado, impulsado principalmente por el narcotráfico y la minería ilegal. Estas actividades ilícitas han debilitado la autoridad del Estado y han puesto en entredicho la legitimidad de sus instituciones.

Julia Yansura, directora del programa contra delitos ambientales y finanzas ilícitas de la Coalición FACT, advierte que las instituciones ecuatorianas están debilitadas por décadas de corrupción. Casos como Metástasis y Purga evidencian la fragilidad del sistema, que ha quedado sin herramientas eficaces para investigar y sancionar a las organizaciones criminales que ahora controlan territorios enteros. La falta de recursos y personal capacitado en organismos como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Contraloría, limita severamente la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.

Desde Washington, John Walsh, director para los Andes de la organización WOLA, señala que la institucionalidad democrática en Ecuador es demasiado lenta y corrupta, lo que fomenta el riesgo de que las salidas autoritarias ganen terreno. La tentación de suspender temporalmente las protecciones del Estado de derecho para abordar rápidamente los problemas puede tener consecuencias nefastas a largo plazo, reduciendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Frente a este panorama, muchos consideran que reforzar la presencia militar no es suficiente. La experta Yansura explica que el Estado debe ofrecer oportunidades reales: educación, salud y oportunidades económicas. La verdadera solución pasa por fortalecer las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar, con recursos y capacitación adecuados. La implementación efectiva de políticas de transparencia, como el registro de beneficiarios finales de empresas, es fundamental para identificar vínculos con actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico y la corrupción.

El caso ecuatoriano refleja una combinación de factores: violencia transfronteriza, auge del comercio ilícito de oro, vacíos institucionales agravados por la pandemia y un sistema financiero dolarizado que facilita el lavado de activos. La aprobación de leyes específicas, como la de economías criminales, no basta, advierten los expertos, si no se acompañan de reformas profundas que aborden las causas estructurales del problema.

Por otro lado, Steven Miller, especialista en tecnología y transparencia del gobierno de Washington D. C., subraya que sin transparencia, no hay confianza pública. La gobernanza efectiva requiere que las instituciones sean abiertas y responsables, especialmente en un contexto donde la corrupción y la impunidad están arraigadas.

En definitiva, los especialistas coinciden en que solo mediante la construcción de instituciones sólidas, transparentes y capaces de rendir cuentas, Ecuador podrá enfrentar eficazmente sus desafíos. La recuperación de la confianza pública, el control del crimen organizado y la lucha contra la corrupción son tareas que exigen un compromiso a largo plazo y una profunda renovación del Estado desde sus cimientos.