Ecuador impulsa su economía con auge récord en minería de oro y cobre, mientras inversiones extranjeras disparan exportaciones

La minería metálica en Ecuador ha emergido como uno de los sectores con mayor potencial para impulsar el crecimiento económico en los últimos años. Los recursos de oro y cobre son especialmente codiciados, debido tanto a la abundancia geológica confirmada como a la llegada de importantes inversiones extranjeras que han dinamizado la industria.

De acuerdo con datos oficiales del Banco Central, las exportaciones mineras alcanzaron los USD 667 millones en el último trimestre de 2024. Para el primer trimestre de 2025, estos números subieron a USD 836 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 10,7%. Entre enero y mayo del mismo año, las ventas al exterior del sector minero sumaron USD 1.506 millones, equivalente al 12,5% de las exportaciones no petroleras del país. Este incremento, superior al 30% en comparación con el año anterior, evidencia el peso creciente de la minería en la economía ecuatoriana y su impacto en la balanza comercial.

## Proyectos clave y empresas en expansión

La mina Fruta del Norte, operada por la compañía canadiense Lundin Gold, sigue siendo el símbolo de la minería aurífera en Ecuador. En 2024, alcanzó un récord de producción con 502.029 onzas de oro, consolidando su importancia en el mercado internacional. En el ámbito del cobre, el proyecto Mirador, gestionado por Ecuacorriente S.A., filial del consorcio chino CRCC-Tongguan, ha sido fundamental para posicionar a Ecuador como exportador desde 2019.

Además, proyectos como Cascabel en Imbabura y Cangrejos en El Oro están en etapas avanzadas de inversión y financiamiento, lo que demuestra un interés sostenido en ampliar la capacidad productiva del sector. En 2024, Cascabel aseguró recursos por USD 750 millones mediante contratos de streaming con firmas como Franco-Nevada y Osisko. En 2025, Jiangxi Copper, la mayor productora estatal china de cobre, incrementó su participación en estos desarrollos. La adquisición de Lumina Gold por parte de China Molybdenum en USD 421 millones, que controla Cangrejos, refleja la presencia cada vez mayor de actores chinos en la minería ecuatoriana.

## Desafíos y controversias en la minería

El gobierno de Daniel Noboa tomó la decisión en junio de 2025 de reabrir el catastro minero, cerrado por más de siete años. La medida busca ordenar el sector y reducir la minería ilegal, que opera en 18 de las 24 provincias del país. Sin embargo, esta iniciativa ha generado rechazo entre comunidades indígenas y organizaciones ambientales, que advierten sobre la falta de garantías en los procesos de consulta previa y en el cumplimiento de normativas ambientales.

La presencia china en el mapa minero ecuatoriano ha sido cada vez más marcada. Proyectos como Mirador y Panantza-San Carlos, en la Cordillera del Cóndor, adquiridos a principios de la década pasada por CRCC-Tongguan, han sido objeto de controversia. Diversos informes académicos y de derechos humanos documentan desalojos y cuestionamientos a las licencias otorgadas, especialmente en territorios habitados por la nacionalidad Shuar.

En 2016, la comunidad de Nankints fue desalojada violentamente para dar paso a la expansión del proyecto Panantza. Hasta hoy, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que sus habitantes no han podido retornar a sus tierras. La Corte Constitucional, en 2022, anuló la licencia ambiental de Panantza-San Carlos por violar el derecho a la consulta previa, dejando claro que sin participación social y respeto a los pueblos originarios, los megaproyectos mineros no tienen viabilidad legal ni social.

La influencia china en la minería ecuatoriana continúa creciendo. Desde principios de la década pasada, CRCC-Tongguan adquirió proyectos como Mirador y Panantza-San Carlos en la Cordillera del Cóndor. Estudios y reportes alertan sobre desalojos forzosos, licencias cuestionadas y el debilitamiento de las salvaguardas sociales, en particular en territorios habitados por la comunidad Shuar.

En 2016, la comunidad de Nankints fue desalojada violentamente para facilitar la expansión del proyecto Panantza, sin que hoy puedan regresar a sus tierras. La Corte Constitucional en 2022 dejó sin efecto la licencia ambiental, reafirmando que la participación indígena es esencial para la legalidad y sostenibilidad de estos proyectos. La tensión entre el desarrollo económico y los derechos sociales continúa siendo uno de los principales desafíos en la minería en Ecuador.