¡Ecuatoriano sobreviviente de ataque en el Caribe es liberado y exonerado por Fiscalía, mientras EE. UU. no presenta pruebas

Recuperación y liberación del ecuatoriano Andrés Fernando Tufiño tras operativo militar en el Caribe

El ciudadano ecuatoriano Andrés Fernando Tufiño, uno de los sobrevivientes del ataque de Estados Unidos en el Caribe, fue finalmente liberado y repatriado a Ecuador. La Fiscalía General del Estado informó que, tras revisar las evidencias, no encontró pruebas que vincularan a Tufiño con actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico. La noticia llega después de que el organismo judicial determinara que no existían indicios que justificaran su detención.

Este incidente ocurrió el 16 de octubre, cuando un operativo militar de la Marina estadounidense destruyó un presunto narcosubmarino en aguas internacionales. Según declaraciones del expresidente Donald Trump, la embarcación transportaba “fentanilo y otras drogas ilegales”. La operación dejó dos muertos y dos sobrevivientes, entre ellos Tufiño y Jeison Obando Pérez, de Colombia. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han presentado evidencia concreta que respalde las acusaciones sobre el cargamento ilegal.

Reacciones oficiales y controversias diplomáticas

La Fiscalía de Ecuador aclaró que, tras la llegada de Tufiño a territorio nacional, no se había reportado ninguna denuncia formal por delitos relacionados con su persona. Además, confirmaron que el ecuatoriano no contaba con antecedentes penales ni procesos judiciales abiertos en su país. Un documento oficial citado por la agencia Associated Press destaca que no hay indicios que permitan afirmar que Tufiño cometió algún delito.

El hombre, originario de Esmeraldas, fue sometido a atención médica y posteriormente puesto en libertad. La liberación genera cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en la región, en un contexto donde las evidencias siguen siendo escasas o inexistentes, a pesar de las acusaciones oficiales.

Incremento en las tensiones diplomáticas en el Caribe

El ataque estadounidense en el Caribe ha agudizado las tensiones entre Washington, Bogotá y Caracas. El presidente colombiano Gustavo Petro criticó públicamente la operación, denunciando el uso de “fuerza letal sin pruebas” y calificando las acciones como un acto unilateral. La respuesta del expresidente Donald Trump no tardó en llegar, quien acusó a Petro de ser un “líder del narcotráfico”.

Por su parte, el gobierno venezolano manifestó su rechazo a las acciones militares de Estados Unidos, acusando a Trump de violar el derecho internacional y actuar con fines políticos. En los últimos meses, al menos siete embarcaciones han sido atacadas en el Caribe por fuerzas estadounidenses, dejando más de 30 víctimas fatales. Aunque la Casa Blanca justifica estas operaciones como parte de la lucha contra el narcotráfico y la desarticulación de organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, aún no presenta pruebas verificables de sus alegaciones.

Reacciones internacionales y debates sobre el uso de la fuerza

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su apoyo a Estados Unidos a través de la red social X (antes Twitter), asegurando que Ecuador mantiene su compromiso en la lucha global contra el narcotráfico y la minería ilegal, promoviendo la cooperación regional para garantizar la libertad y el desarrollo.

El caso de Tufiño ha reavivado el debate sobre la legalidad y ética del uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos fuera de sus fronteras. Expertos en derecho internacional advierten que estos ataques, especialmente en aguas internacionales, podrían constituir violaciones a la Carta de las Naciones Unidas. Dentro del Congreso estadounidense también existen divisiones: algunos legisladores cuestionan la supervisión de estas operaciones, mientras otros las justifican bajo el marco legal que se utilizó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La liberación de Tufiño, sin cargos en su contra, pone en evidencia las posibles vulnerabilidades y contradicciones en la narrativa oficial respecto a la “guerra contra las drogas” y aumenta las dudas sobre la transparencia de las operaciones militares en la región del Caribe, en un momento en que la comunidad internacional exige mayor claridad y responsabilidad en estas acciones.