Edwin Martínez interpone denuncia constitucional contra Rospigliosi por uso de cámara en acto de Fuerza Popular

Congresista Edwin Martínez presenta denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

El congresista Edwin Martínez (Acción Popular) ha presentado una denuncia constitucional contra el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi. La acusación se fundamenta en el presunto uso indebido de una cámara del Parlamento durante un acto político en el que Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial con Fuerza Popular.

Hechos y fundamentación de la denuncia

En el documento dirigido a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, Martínez responsabiliza a Rospigliosi por una supuesta infracción a la Constitución. Según el congresista, el presidente del Congreso habría permitido el uso de bienes del Estado —como equipos de transmisión y cámaras del Parlamento— con fines partidarios durante el mitin de Keiko Fujimori. Este hecho, sostiene, vulnera los artículos 39°, 40°, 41° y 76° de la Constitución Política del Perú.

El documento señala que el uso de recursos institucionales en actos políticos viola la normativa constitucional y administrativa vigente. Además, Martínez advierte que esta conducta podría constituir un ilícito penal, al destinar recursos públicos a un fin distinto para el cual están legal y constitucionalmente asignados.

Responsabilidades y protocolos

Martínez argumenta que Fernando Rospigliosi, en su calidad de Presidente del Congreso, ostenta la máxima autoridad administrativa de la institución y, por tanto, es responsable directo de la custodia, uso y destino de todos sus bienes y recursos. La ley lo obliga a impedir cualquier uso indebido del patrimonio institucional.

Asimismo, explica que el retiro de equipos del Congreso requiere una cadena de mando y protocolos de control interno. Por ello, considera que Rospigliosi no puede desligarse de la responsabilidad, ya sea por acción al autorizar el uso o por omisión al permitir conscientemente la utilización indebida de los recursos.

Solicitudes y medidas propuestas

En su denuncia, Martínez solicita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admita a trámite el expediente y requiera todas las pruebas pertinentes. Entre ellas, menciona grabaciones del evento, registros de salida de equipos, testimonios del personal técnico del Congreso, partes de asignación de recursos y toda documentación relacionada con el uso de bienes institucionales en la fecha del mitin.

Además, pide que se cite a Fernando Rospigliosi para que declare y, en caso se confirme un delito, se denuncie ante el Pleno del Congreso. La solicitud incluye la imposición de sanciones constitucionales, como la suspensión en sus funciones y la destitución de su cargo como presidente del Congreso, por haber incurrido en infracciones constitucionales y responsabilidad prevista en el artículo 99° de la Constitución.

Implicaciones penales y acciones legales

Respecto a la posible existencia de un delito penal, Martínez solicita que el asunto sea comunicado al Ministerio Público para las diligencias correspondientes y la investigación de ley.

La denuncia de Edwin Martínez representa un paso importante en la fiscalización de los recursos públicos y la responsabilidad de las autoridades en el uso de bienes institucionales en actividades políticas.