EEUU advierte a estadounidenses sobre riesgos de inversión en Nicaragua tras ley que confisca tierras en frontera

Alerta del Departamento de Estado de EE.UU. por la Ley de Territorio Fronterizo en Nicaragua

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este sábado una advertencia dirigida a los ciudadanos estadounidenses. La comunicación insta a tener precaución al considerar inversiones en Nicaragua, debido a la reciente aprobación de la Ley de Territorio Fronterizo, que ha generado preocupación internacional. Esta normativa declara que una franja de 15 kilómetros a lo largo de toda la frontera del país es propiedad exclusiva del Estado nicaragüense, medida que el gobierno estadounidense ha calificado como una “confiscación masiva”.

Según la alerta difundida a través de la plataforma X (antes Twitter), el gobierno de EE.UU. denuncia que esta ley “devasta comunidades y pone en peligro la vida y el sustento de miles de personas en toda la región”. La medida, aseguran, afecta a decenas de comunidades que habitan en zonas fronterizas, además de impactar en actividades productivas y propiedades privadas. La embajada estadounidense en Managua reforzó la advertencia, recomendando a los estadounidenses que evalúen cuidadosamente cualquier inversión en el país.

## Impacto y Controversia de la Ley en las Comunidades

La Ley de Territorio Fronterizo, aprobada en la última semana por la Asamblea Nacional de Nicaragua, fue impulsada por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. La normativa define como “territorio fronterizo” todo espacio desde la línea fronteriza convencional hasta los 15 kilómetros hacia el interior, y establece que estos terrenos son de propiedad del Estado y están bajo la protección del Ejército nicaragüense.

El texto legal sustituye a la anterior Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, que regulaba aspectos relacionados con la gestión territorial, incluyendo medidas para el desarrollo sostenible y la protección de la soberanía. La nueva ley, aprobada sin consulta previa en comisión, establece en su artículo 2 que “el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional”.

Diversas organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y gobiernos regionales han expresado su preocupación por los posibles efectos sobre propiedades privadas y territorios comunales. El economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro afirmó que la medida afecta no solo a comunidades y negocios, sino también a cultivos y actividades productivas, incluyendo industrias como la camaronera y plantaciones agrícolas.

## Reacciones y Restricciones Legales

La ley ha generado rechazo por su falta de mecanismos claros de compensación o consulta previa a los afectados. El Movimiento Campesino de Nicaragua, con miembros en exilio en Costa Rica y Estados Unidos, denunció que la normativa representa “un proceso de confiscación más” que afecta territorios indígenas y afrodescendientes previamente demarcados y titulados. La preocupación internacional también crece, con expresiones de exiliados y expertos en derechos humanos que aseguran que la ley podría facilitar la expropiación de propiedades y favorecer intereses mineros vinculados a empresas chinas.

Pese a las declaraciones oficiales del régimen de Ortega, que asegura que la ley “no afecta a los residentes en la franja fronteriza”, sectores opositores y organizaciones civiles sostienen que se trata de una maniobra que pone en riesgo el patrimonio y el sustento de miles de personas. Desde 2018, Ortega y Murillo mantienen un control férreo sobre Nicaragua tras las protestas antigubernamentales que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que ellos atribuyen a un “golpe de Estado” promovido por EE.UU.

La controversia continúa en auge, con voces internacionales que llaman a una revisión de la ley y a la protección de los derechos de las comunidades afectadas.

(Con información de AFP y EFE)