Ejército limita acceso del Estado, Fiscalía y prensa a contratos y mantenimiento

El Ejército peruano declaró como secreto de Estado cuatro adquisiciones y contrataciones militares por un monto total de 540 millones de soles. Esta decisión se tomó después de que la Contraloría General de la República advirtiera sobre irregularidades y posibles responsabilidades penales de altos oficiales en el proceso de mantenimiento de helicópteros rusos Mi-17 y Mi-8.

## Filtración de documento oficial y detalles de las compras

La resolución, firmada por el comandante general César Briceño Valdivia el 29 de abril de 2025, fue filtrada al seminario por un alto oficial del Ejército en desacuerdo con la medida. Según los documentos, las adquisiciones incluyen 10 mil fusiles de asalto, 30 vehículos blindados 8×8, un sistema antitanques y el pago por la revisión y reparación de helicópteros militares. La documentación oficial, que lleva sello de clasificado, argumenta que estas compras buscan fortalecer la defensa frente a posibles agresiones y operaciones contra fuerzas irregulares, aunque no se especifican modelos, proveedores ni las condiciones contractuales.

## Irregularidades en contratos previos y responsabilidades penales

Este anuncio cobra relevancia en el contexto de un informe emitido horas antes por el Órgano de Control Institucional del Ejército, que reveló presuntas irregularidades y responsabilidades penales en la contratación directa con la empresa Helicentro Perú. En ese caso, se detectó que el servicio de overhaul de cuatro helicópteros Mi-8, por el cual se pagaron 96,9 millones de soles, habría presentado irregularidades. El informe señala que el Ejército entregó un adelanto de 29 millones de soles sin justificación y evitó aplicar penalidades por incumplimientos por un monto de 8,4 millones de soles.

## Denuncias y responsables involucrados

El documento de auditoría, firmado por el auditor Andrés Iparraguirre Cabrera y enviado al ministro de Defensa, Walter Astudillo, involucra penalmente a 16 oficiales del Ejército. Entre ellos figuran el entonces jefe del Ejército y actual jefe de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, así como el comandante general César Briceño Valdivia. También están implicados otros altos mandos como Oswaldo Calle Talledo, Luis Carranza Vilahur y William Lozano Flores, quienes ocupan posiciones de relevancia en la estructura militar.

El informe fue remitido a la Procuraduría Anticorrupción para que se formulen las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. Sin embargo, el 5 de mayo, la Junta de Clasificación y Conservación del Ejército ordenó archivar el informe y anular sus conclusiones, argumentando que el expediente vinculado al mantenimiento de los helicópteros había sido clasificado como secreto de Estado, lo que limitó su acceso y análisis público.

## Intentos de bloquear la investigación

El 21 de mayo, el auditor Iparraguirre envió un oficio a la procuradora anticorrupción, Yudith Villegas Espinoza, solicitándole que no prestara atención al informe previamente enviado, debido a la resolución que había clausurado el proceso bajo reserva. Esta maniobra se produjo después de que la Junta de Clasificación elevase el nivel de confidencialidad del expediente y sus vinculados, dificultando la continuidad de las investigaciones públicas.

## Contexto histórico y logística del Ejército

Desde sus inicios en 1959, el servicio de logística y repotenciación del material bélico ha sido fundamental para el Ejército peruano. La movilización de recursos especializados, como la realizada en Pisco para intensificar la búsqueda de la Alférez FAP Ashley Vargas Mendoza, refleja la importancia de estos procesos en la defensa nacional. La reciente declaración de secreto de Estado sobre las compras y contratos evidencia una tendencia a mantener en reserva las operaciones que, según expertos, deberían ser transparentes para garantizar la adecuada gestión de los recursos públicos.