El MEF refuerza la lucha contra la corrupción en contratos de inversión con nueva normativa sobre cláusula anticorrupción

El Ministerio de Economía y Finanzas fortalece las medidas contra la corrupción mediante nueva normativa

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha reafirmado su compromiso con la transparencia, la ética y el cumplimiento de las regulaciones en las inversiones públicas. Para ello, ha publicado el Decreto Supremo N° 169-2025-EF, que modifica el artículo 39 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362. Esta medida busca fortalecer los mecanismos de control y seguridad en la firma de contratos públicos, especialmente en aquellos relacionados con asociaciones público-privadas (APP).

Cláusula anticorrupción y su alcance en contratos de APP

La actualización normativa establece de manera detallada el contenido y las condiciones de la cláusula anticorrupción en los contratos de Asociación Público-Privada (APP). Este reglamento también contempla la aplicación de dichas cláusulas en procesos de renovación o extensión de los contratos existentes, garantizando así la integridad en todas las etapas.

Según el MEF, con esta iniciativa se busca ofrecer mayor seguridad jurídica y transparencia a las instituciones públicas encargadas de la firma de estos convenios. La medida responde a la política gubernamental de mantener una postura de tolerancia cero frente a la corrupción, fortaleciendo el marco legal y preventivo en las contrataciones públicas.

Importancia de la normativa en la contratación público-privada

En esencia, una Asociación Público-Privada consiste en un acuerdo a largo plazo entre el Estado y uno o varios actores privados, con el fin de desarrollar proyectos de infraestructura o prestar servicios públicos. En Perú, esta modalidad está regulada por el Decreto Legislativo N° 1362, que promueve la colaboración efectiva mediante la compartición de recursos y riesgos, buscando mejorar la calidad y eficiencia de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Este esquema permite que el sector privado aporte su capacidad técnica, financiera o tecnológica, delegando en el Estado funciones como la construcción, operación o mantenimiento. La propiedad de las obras puede mantenerse en manos privadas, revertirse al sector público o transferirse, según lo estipulado en cada contrato.

El modelo se basa en la asignación eficiente de riesgos, donde cada parte asume aquellos que puede gestionar mejor. Por ejemplo, el sector privado se responsabiliza de riesgos relacionados con la construcción y la demanda, mientras que el Estado regula y supervisa para garantizar la calidad y accesibilidad del servicio. Esto contrasta con los métodos tradicionales, donde la administración pública realiza licitaciones separadas para cada etapa del proyecto.

Beneficios económicos y desafíos del esquema APP

Desde una perspectiva económica, la integración de construcción y operación en un solo contrato incentiva a las empresas privadas a optimizar sus inversiones, considerando también los costos a largo plazo. En el contexto peruano, esto puede traducirse en mayor innovación, eficiencia operativa y una prestación de servicios más oportuna para los ciudadanos.

No obstante, este modelo presenta retos, como la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y garantizar la transparencia en cada fase del proceso. La reciente normativa del MEF busca precisamente mitigar estos riesgos, promoviendo una gestión más responsable y efectiva en las alianzas público-privadas.

En definitiva, estas acciones del gobierno buscan consolidar un marco regulatorio más sólido, que promueva la integridad y la eficiencia en la gestión pública, fomentando la confianza ciudadana en los procesos de contratación y ejecución de obras públicas.