El presidente de Panamá anuncia la revisión del contrato con Panama Ports: busca anular concesión por “lesiva” a intereses nacionales

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anuncia posible rescisión de contrato portuario

El mandatario panameño, José Raúl Mulino, reafirmó este jueves su intención de cancelar el contrato de concesión que permite a Panama Ports Company, filial de la firma china CK Hutchison Holdings, gestionar los puertos de Balboa y Cristóbal. Estos puertos son estratégicos, ya que se encuentran en las entradas principales del Canal de Panamá, una vía crucial para el comercio mundial.

Mulino calificó el acuerdo como “lesivo para el interés nacional” y recordó que la Contraloría General presentó, el pasado 30 de julio, dos demandas ante la Corte Suprema. La primera busca declarar inconstitucional el contrato firmado a finales de los años noventa, mientras que la segunda pide anular la renovación del 2021, que extendió la concesión por otros 25 años, por considerarla “abusiva”.

Posición del gobierno y declaraciones de la empresa

El presidente aseguró que respetará la decisión de la Corte, pero advirtió que no tolerará la situación indefinidamente. “Estamos hablando de los dos puertos más importantes en la entrada del canal, por lo cual deben recibir la atención máxima del gobierno”, afirmó. Además, agregó que no permitirá que el territorio portuario esté “secuestrado” o que la empresa lucré sin beneficios para el Estado.

Recientemente, Panama Ports defendió el contrato, argumentando que sus operaciones han aportado beneficios a Panamá y solicitó respeto a la seguridad jurídica. La compañía expresó su disposición a dialogar, pero Mulino dejó claro que las conversaciones serían aceptadas “bajo ningún pretexto”, si esto pone en riesgo los intereses nacionales.

Contexto internacional y tensiones por control portuario

El acuerdo vigente, firmado en 1997, otorga la gestión de los puertos a la empresa, cuya matriz en Hong Kong ha anunciado su intención de vender sus activos portuarios en varios países a un consorcio que incluye a la firma estadounidense BlackRock Inc.. La renovación en 2021 fue vista por algunos sectores como una extensión que favorecía intereses extranjeros.

Esta situación se desarrolla en medio de tensiones internacionales entre China y Estados Unidos. El expresidente Donald Trump acusó a China de interferir en el Canal, acusaciones que el gobierno de Mulino rechaza, asegurando que Panamá mantiene control total sobre la vía y que la gestión portuaria no implica dominio chino sobre ella.

El embajador de EE.UU. en Panamá, Kevin Marino Cabrera, criticó duramente a Panama Ports, calificándola como un “operador ineficiente” y responsabilizándola de una deuda superior a los 600 millones de dólares con Panamá. Estas declaraciones reflejan la creciente tensión diplomática y las dudas sobre el control extranjero en los activos estratégicos del país.

La decisión final de la Corte Suprema será determinante para definir el futuro de la concesión y la presencia de actores internacionales en los puertos, que son vitales tanto para la economía como para la seguridad nacional de Panamá.

(Con información de AP)