Emergencia en la Vía Expresa Sur por fuga de gas: MML señalada por daños a tubería de Cálidda

Una fuga de gas en la Vía Expresa Sur en Surco ha generado alarma en la comunidad y ha puesto en entredicho las acciones de la Municipalidad de Lima en el marco de las obras de infraestructura. La situación ocurrió en la cuadra 78 de la Avenida Paseo de la República, en un tramo donde actualmente se encuentra en marcha un proyecto vial, y fue reportada inicialmente a través de redes sociales.

El incidente ocurrió después de que una tubería de gas de la empresa Cálidda fuera dañada durante labores de excavación relacionadas con las obras de la vía expresa. Vecinos alertaron sobre el riesgo de una posible deflagración masiva, ante lo cual se activó un protocolo de emergencia. Trabajadores de Cálidda acudieron rápidamente al lugar con equipo especializado, y bomberos también respondieron a la emergencia, que se registró alrededor de las 10 de la mañana.

Gracias a la intervención oportuna, no se reportaron víctimas ni heridos. Sin embargo, el episodio ha reavivado las quejas sobre la planificación deficiente y los riesgos asociados a las obras en la zona. La denuncia fue difundida en redes sociales por el politólogo Eduardo Salmón, quien señaló que la Municipalidad de Lima había roto una tubería de gas de Cálidda, lo que pudo haber desencadenado una tragedia mayor.

Este incidente no es aislado. La misma empresa Luz del Sur advirtió en julio pasado sobre afectaciones a su infraestructura eléctrica, también relacionadas con las obras en la Vía Expresa Sur. La inseguridad y los problemas en la planificación han generado críticas constantes por parte de vecinos y expertos.

Por otro lado, la obra en sí ha sido objeto de controversia. El pasado 30 de julio, el alcalde Rafael López Aliaga inauguró oficialmente el primer tramo de la vía expresa, promoviendo un corredor que conecta diversos distritos, pero numerosos conductores han reportado daños en el pavimento y otros problemas estructurales en la zona recientemente entregada.

Además, la gestión municipal enfrenta investigaciones por parte del Ministerio Público, que ha formalizado una denuncia contra 39 regidores por los desalojos forzosos realizados en el marco del proyecto. La acusación se centra en la expropiación de un terreno de 15,000 metros cuadrados, que según registros oficiales, estaba correctamente inscrito en Registros Públicos y sin embargo fue expropiado sin la debida coordinación con los propietarios.

El regidor Arón Espinoza, uno de los críticos más severos de la gestión, cuestionó la legalidad del proceso y la forma en que el alcalde ha promovido la obra. Espinoza aseguró que lo presentado recientemente solo son los carriles auxiliares, que han provocado numerosos accidentes, atropellos y choques, debido a la falta de señalización y planificación adecuada.

Por último, Espinoza criticó la actitud del alcalde hacia las voces disidentes, señalando que su postura ha generado enfrentamientos y calificativos negativos por expresar sus opiniones de manera franca. La Fiscalía continúa investigando estos hechos, mientras la comunidad y los expertos exigen mayor transparencia y seguridad en las obras públicas.