Empresarios del delito: la extorsión como lucrativo modelo de negocio

Cada vez más ciudadanos peruanos denuncian amenazas, cierres forzados de negocios y, en los casos más graves, asesinatos perpetrados por delincuentes. La proliferación de estos delitos evidencia una realidad alarmante en el país, donde la extorsión se ha convertido en una fuente significativa de ingresos para las organizaciones criminales.

Los extorsionadores operan como auténticos empresarios del crimen, considerando su actividad como un negocio cuyo objetivo principal es obtener beneficios económicos. Para ello, emplean amenazas y el miedo como herramientas principales, exigiendo pagos conocidos como “cupos”. Muchos de estos criminales se ven a sí mismos como “empresarios del delito”, y en su accionar recurren a diversos medios tecnológicos, como chips y billeteras electrónicas, para facilitar sus operaciones ilícitas.

La adquisición de estos recursos es relativamente sencilla en el Perú, un país con una población de aproximadamente 34 millones de habitantes, de acuerdo con cifras del INEI. Según Osiptel, en 2024 se registraron cerca de 43 millones de líneas móviles, lo que implica que hay una cantidad de chips superior a los teléfonos inteligentes en circulación, ya que hay aproximadamente 22 millones de chips más que dispositivos. Esta sobreabundancia de chips permite a los extorsionadores mantener su anonimato y dificultar su captura, ya que pueden cambiar de número fácilmente y evitar ser rastreados mediante la geolocalización.

Las técnicas de amenaza también han evolucionado con el tiempo. En los años 2000, en Trujillo, los criminales enviaban cartas acompañadas de balas para intimidar a sus víctimas. Hoy en día, las amenazas se realizan a través de mensajes en WhatsApp, redes sociales y videos, que reemplazan los métodos tradicionales y resultan más efectivos para generar miedo.

Controlar el mercado de chips y regular el uso de billeteras electrónicas son medidas cruciales en la lucha contra la extorsión. Los delincuentes aprovechan la facilidad de adquirir chips y el anonimato que ofrecen para mantener sus operaciones sin ser detectados. Además, en muchos casos, utilizan identidades falsas o personas sin conocimiento de que sus datos están siendo utilizados para cometer delitos, lo que complica aún más las investigaciones y capturas.

La extorsión también ha evolucionado en sus métodos de reclutamiento. En el pasado, menores de edad eran utilizados para recoger pagos o “cupos” en las calles, pero ahora muchas víctimas realizan transferencias mediante plataformas digitales, lo que dificulta aún más la captura de los responsables. La regulación y supervisión de las billeteras electrónicas, además de fortalecer las acciones policiales, son indispensables para desmantelar estas redes delictivas.

En conclusión, la extorsión en Perú no solo es un problema policial, sino también un fenómeno que requiere un enfoque integral. Combatir los medios que facilitan la actividad ilícita, como los chips y las plataformas digitales, es fundamental para desmantelar estas organizaciones y reducir su impacto en la seguridad pública.