¿Es legal revisar el celular o contratar detective por sospechas de infidelidad?

Reavivado el debate legal y ético sobre la privacidad en relaciones sentimentales en Perú

El caso que involucra a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha vuelto a poner en discusión los límites de la privacidad en el contexto de una relación sentimental en Perú. La controversia escaló a nivel nacional tras la difusión de audios y testimonios en programas como Magaly TV La Firme, donde se expusieron detalles sobre acciones que, según expertos, podrían ser ilegales.

Confesiones y acciones polémicas de Salcedo

Gustavo Salcedo confesó haber instalado GPS en los automóviles de su esposa y del productor Christian Rodríguez, además de haber intervenido teléfonos móviles para confirmar una supuesta infidelidad. En palabras del propio Salcedo: «Yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía. He tenido su celular intervenido, el de él, el de ella, el GPS en su carro, todo». Estas declaraciones generaron un intenso debate sobre la legalidad de dichas acciones y sus implicancias éticas.

Aspectos legales sobre la revisión de la privacidad en Perú

La revisión del teléfono móvil de una pareja sin su consentimiento constituye una violación de la intimidad, un acto regulado por la legislación peruana. La abogada Mayda Mendoza, en diálogo con RPP Noticias, explicó que ni el matrimonio ni la convivencia autorizan revisar el teléfono o acceder a información electrónica sin autorización previa.

Según Mendoza, «si la persona revisa el dispositivo mientras su pareja duerme, está cometiendo un delito informático». La abogada recordó que el artículo 154 del Código Penal peruano establece que quien, sin consentimiento, accede, intercepta o utiliza información privada en sistemas electrónicos, incurre en delito informático, con sanciones que pueden llegar hasta los cuatro años de prisión si se difunde el contenido.

¿Quién es responsable del aparato y qué implica la colocación de GPS?

La situación legal no cambia si el teléfono o el dispositivo pertenece al cónyuge que realiza la vigilancia, incluso si esa persona paga las facturas de telefonía. Lo importante es quién es el usuario del equipo.

Asimismo, la colocación de un GPS en un vehículo sin autorización también constituye una invasión a la privacidad y un delito. La abogada explicó que quien instala estos dispositivos, graba conversaciones o toma fotografías en espacios privados, sin permiso, incurre en delitos contra la intimidad.

En palabras de Mendoza: «una prueba que implique violación de la privacidad no solo carece de valor en un juzgado, sino que además puede generar una acción legal en contra del denunciante. Si esa información se comparte o se hace pública, la sanción puede aumentar hasta cuatro años de cárcel.»

Imágenes y videos relacionados

En el contexto del escándalo, diversos videos y fotografías han circulado en redes sociales. A continuación, se incluyen algunos recursos visuales relevantes:

Pruebas válidas en un proceso de divorcio

En un proceso de divorcio, las pruebas que respetan la privacidad son las que no implican vulnerar la intimidad. Por ejemplo, testimonios de terceros que hayan observado comportamientos comprometidos en espacios públicos, fotografías tomadas en lugares abiertos o registros de entradas y salidas en hoteles, aunque estos últimos suelen ser difíciles de sostener en juicio salvo en casos de flagrancia.

En cambio, las evidencias obtenidas mediante mensajes privados sin consentimiento, grabaciones en espacios privados, historiales de llamadas o imágenes extraídas de dispositivos sin autorización, generalmente no son admitidas y pueden acarrear consecuencias legales para quien las presenta.