¡Escándalo en Baja California! La UIF Bloquea Cuentas de la Red Criminal del Cártel de Sinaloa Liderada por «La Mayiza» y Vinculan a Diputada Morenista Hilda Brown en Lavado de Dinero

El Departamento del Tesoro revela una red de lavado de dinero en Playas de Rosarito

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la identificación de una organización criminal dedicada al lavado de dinero, liderada por la facción conocida como “La Mayiza”, vinculada al Cártel de Sinaloa. Esta red opera en la zona de Playas de Rosarito, Baja California, donde también está involucrada la diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo.

Tras estos señalamientos, la legisladora negó rotundamente tener vínculos con la organización criminal. En un mensaje publicado en su perfil oficial de Facebook, Brown afirmó que las acusaciones son falsas y que buscan desacreditarla. La diputada expresó: “Amigas, amigos, quienes confían en mí, ustedes son testigos de cómo hemos luchado juntos por la transformación y contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente, como consecuencia de esta lucha, soy víctima de una infamia que intenta dañarme”.

## Bloqueo de cuentas y respuesta oficial

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de 22 personas y empresas relacionadas con esta red de lavado de dinero en Playas de Rosarito. Aunque la diputada Brown ha asegurado que sus cuentas no han sido afectadas, las autoridades mexicanas actúan en coordinación con agencias internacionales para desmantelar estas operaciones ilícitas.

Una imagen difundida por la Secretaría de Hacienda muestra el comunicado oficial respecto a los bloqueos, que forman parte de un esfuerzo conjunto para combatir el lavado de dinero y el crimen organizado en la región.

## Vínculos y actividades criminales

La investigación del Departamento del Tesoro señala que la estructura criminal está encabezada por los hermanos Alfonso y René Arzate García, conocidos como “El Aquiles” y “La Rana”. Ambos han sido buscados activamente por la DEA desde 2014, acusados de conspiración para importar marihuana, distribución de metanfetaminas y lavado de dinero, entre otros delitos.

Estos hermanos operaban en Baja California a través de diferentes socios, entre ellos Mario Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez. Además, se vincula a figuras como Jesús González Lomelí y Candelario Arcega Aguirre, quienes habrían mantenido estrechos lazos con la diputada Brown y habrían facilitado las operaciones del grupo criminal en la región.

González Lomelí, por ejemplo, sería responsable de gestionar el lavado de dinero mediante bares y restaurantes en Rosarito, incluyendo clubes nocturnos como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y el restaurante Mariscos El Caimán. Se presume que estas empresas fungían como fachada para actividades ilícitas.

Por otra parte, se señala que la diputada Brown y Arcega tenían una relación personal, lo que habría facilitado la omisión de controles por parte de las fuerzas de seguridad y la cooperación en actividades delictivas. Durante su mandato como alcaldesa de Rosarito, Brown supuestamente actuó como intermediaria entre los hermanos Arzate y las autoridades, gestionando pagos de extorsión y asegurando la protección de las operaciones criminales.

En conjunto, estas investigaciones sugieren que la estructura criminal en Baja California no solo cuenta con vínculos políticos, sino que también ha logrado influir en la seguridad pública y en la economía local mediante actividades ilícitas coordinadas. Las autoridades mexicanas continúan profundizando en las investigaciones para desmantelar por completo estas redes y responsabilizar a los involucrados.