Escándalo en Chile: 13.286 funcionarios públicos usaron licencias médicas para visitar casinos y viajar al extranjero

Escándalo en Chile por uso indebido de licencias médicas y visitas a casinos

El caso de las licencias médicas en Chile ha escalado a una crisis de gran magnitud, generando una ola de indignación en el país. La Contraloría General de la República (CGR) reveló en mayo pasado que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban en reposo médico, lo que desató un fuerte rechazo social y político.

Este martes, un nuevo informe ha puesto sobre la mesa una situación aún más grave: aproximadamente 13 mil empleados públicos habrían acudido a casinos durante sus permisos médicos. Además, se confirmó que unos 1.486 de ellos aparecen en la lista publicada en mayo, lo que evidencia una posible continuidad en estas conductas irregulares.

Detalles del informe y regionalización de los casos

El análisis, realizado con datos de la Superintendencia de Seguridad Social y la Superintendencia de Casinos de Juego, indica que entre 2023 y 2024, estos trabajadores realizaron un total de 14.923 visitas a casinos. La región de O’Higgins lideró con 3.376 ingresos (23%), seguida por el Bío Bío con 2.180 ingresos (15%), y Valparaíso con 2.162 ingresos (14%). Otros lugares como Los Lagos y La Araucanía también mostraron cifras significativas.

Los permisos solicitados por estos funcionarios sumaron en total 14.599, en un contexto en el que los municipios representan el 30% de los casos, mientras que hospitales y centros de salud públicos concentran el 29%. La magnitud del problema ha llevado a las autoridades a tomar medidas drásticas.

Reacciones y acciones oficiales

La Contraloría ya notificó a las instituciones involucradas para que inicien los sumarios correspondientes. Además, la información será remitida al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado, a la Suseso y a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).

El escándalo provocó una fuerte reacción en el mundo político. El diputado Héctor Ulloa, líder del bloque PPD-Independientes, afirmó que “esto no puede quedar impune” y exigió que se realicen sumarios exhaustivos para que las autoridades investiguen con severidad posibles fraudes al fisco. Ulloa también criticó que estas conductas reflejan un “tráfico de licencias médicas truchas”, extendido tanto en el sector público como en el privado.

Recomendaciones y preocupaciones éticas

El diputado Tomás Lagomarsino afirmó que “hay que ponerle el cascabel al gato”, y que las instituciones deben actuar con firmeza frente a estos hechos. La diputada Sofía Cid también expresó su preocupación, señalando que “si más de 13 mil funcionarios faltaron a sus trabajos y además asistieron a casinos, algo está profundamente roto en la ética del aparato estatal”.

Para finalizar, el diputado Roberto Arroyo subrayó que “no puede ser que en una licencia médica, que debería ser para recuperarse, se acuda a actividades recreativas”. La recomendación general apunta a revisar los protocolos, cruzar datos de manera más eficiente y establecer sanciones claras para quienes abusan del sistema, con el fin de proteger los recursos del Estado y fortalecer la ética pública.