¡Escándalo en la Justicia! JNJ impulsa ley para blindar sanciones y nombramientos sin intervención del Poder Judicial

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso con el objetivo de limitar la intervención del Poder Judicial en sus decisiones relacionadas con nombramientos, sanciones, ratificaciones y evaluaciones de jueces y fiscales. Esta propuesta surge en un contexto de tensión entre ambas instituciones, tras una serie de controversias relacionadas con la reubicación de magistrados y fiscales en el sistema judicial peruano.

La iniciativa busca modificar el artículo 142 de la Constitución Política, equiparando las competencias de la JNJ con las del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), una institución cuyo fallo en materia electoral no puede ser revisado por el sistema judicial. Con ello, la JNJ pretende definir claramente sus atribuciones, permitiendo que solo en casos de violaciones de derechos humanos, y mediante acciones de amparo, el Poder Judicial pueda intervenir en sus resoluciones. La propuesta también establece que el sistema judicial solo podrá cuestionar decisiones de la JNJ en estos casos específicos.

Este movimiento no es aislado. En noviembre pasado, la JNJ interpuso una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar una resolución del Poder Judicial que le otorgaba a la fiscal Delia Espinoza un plazo de dos días para reincorporarse a su cargo tras su suspensión. La JNJ argumentó que dichas medidas judiciales afectaban su autonomía y provocaban una fragmentación del control disciplinario, al suspender sanciones y destituciones mediante medidas cautelares.

El proyecto de ley también señala que la proliferación de recursos judiciales contra la institución genera retrasos en la ejecución de sanciones y nombramientos, afectando así la administración de justicia y dejando vacantes importantes en órganos judiciales y fiscales, lo cual perjudica la eficiencia del sistema.

Históricamente, desde la creación del Consejo Nacional de la Magistratura en 1993, los jueces no podían recurrir en contra de decisiones de esa instancia, pero esta restricción fue eliminada tras reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que advirtió sobre el riesgo de afectar el derecho a la doble instancia. La propuesta actual de la JNJ parece buscar una vuelta a esas restricciones de los años 90, lo que ha generado un fuerte debate sobre la independencia y el control del sistema judicial en Perú.