¡Escándalo Odebrecht! Fiscalía acusa a Gonzalo Monteverde de lavado de dinero y pone en jaque su futuro

La Fiscalía Especializada en el caso Lava Jato, a través del fiscal José Domingo Pérez, ha formalizado una acusación contra los empresarios Gonzalo Monteverde y María Carmona Bernasconi, en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht. La denuncia señala que ambos estarían involucrados en una supuesta organización criminal dedicada al lavado de activos, por lo que el Ministerio Público ha solicitado para ellos una pena privativa de la libertad de 33 años.

La acusación no solo involucra a Monteverde y Carmona, sino también a otras cuatro personas, como Sara Andrade y Karla Ganoza, además de 21 empresas, entre ellas Construmaq SAC, Inversiones El Santuario SAC e Isagon SAC. Las penas que se piden para estos implicados varían entre 12 y 33 años de cárcel, en función de su grado de participación en los delitos.

Monteverde, conocido por su papel como operador financiero en el caso Odebrecht en Perú, es señalado de haber facilitado el flujo de fondos ilícitos a través de sus empresas. Según la fiscalía, entre 2007 y 2015, habría gestionado alrededor de 24 millones de dólares provenientes de la caja 2 de Odebrecht, destinada a pagar sobornos a políticos y funcionarios públicos para asegurar contratos estatales. La constructora brasileña habría utilizado a Monteverde para lavar estos fondos en el país.

Tanto Gonzalo Monteverde como su esposa, María Isabel Carmona, permanecen prófugos de la justicia desde marzo de 2019, fecha en la que se emitieron órdenes de captura nacionales e internacionales. Desde entonces, han evadido la acción de la justicia a pesar de las múltiples intentos de localización, incluyendo una recompensa de medio millón de soles ofrecida por el Ministerio del Interior en septiembre del año pasado. Ambos habían solicitado en varias ocasiones el cese de su prisión preventiva, pero sus pedidos fueron rechazados en reiteradas oportunidades por los tribunales, dado su presunto riesgo de fuga y la gravedad de los delitos imputados.

Este caso continúa siendo uno de los más relevantes en la lucha contra la corrupción en Perú, evidenciando la complejidad y la magnitud de las redes de soborno y lavado de activos vinculadas a grandes empresas internacionales y actores políticos en el país.