España adjudica a Huawei un contrato de 12,3 millones de euros para almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales, levantando dudas sobre seguridad y vigilancia

España asigna un contrato millonario a Huawei para gestionar escuchas judiciales

El gobierno de España ha otorgado un contrato por valor de 12,3 millones de euros a la empresa china Huawei para el almacenamiento de escuchas telefónicas autorizadas por la justicia. Este acuerdo, que también involucra a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia, ha generado un intenso debate tanto dentro como fuera del país. Según informes de **The Objective**, el Ministerio del Interior afirma que esta contratación cumple estrictamente con las normativas de ciberseguridad establecidas por el Centro Criptológico Nacional y que no representa un riesgo para la seguridad nacional. Sin embargo, la decisión ha despertado suspicacias y ha sido motivo de preocupación internacional.

El contrato contempla la gestión de datos altamente sensibles, adquiridos en investigaciones judiciales y labores de inteligencia. La adjudicación, por tanto, posiciona a Huawei como un proveedor estratégico dentro de la infraestructura del sistema judicial y de seguridad en España. El Ministerio del Interior defendió públicamente el proceso, asegurando que se realizó en conformidad con la legislación vigente y que los controles de seguridad asociados son sólidos y confiables.

## Reacciones internacionales y advertencias de seguridad

Pese a las declaraciones oficiales, la falta de comentarios por parte del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la inexistencia de respuestas de Huawei a las solicitudes de información han aumentado la incertidumbre. La comunidad internacional, especialmente en Estados Unidos y la Unión Europea, ha expresado su preocupación. Funcionarios y analistas alertaron sobre los posibles riesgos de seguridad que implica depender de un proveedor chino para gestionar información tan delicada.

El jueves pasado, líderes de las comisiones de inteligencia en el Congreso y Senado de Estados Unidos solicitaron a la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, que revise la política de intercambio de inteligencia con Madrid. La preocupación central es que los datos puedan filtrarse hacia el Partido Comunista Chino (PCCh), poniendo en peligro la seguridad de Estados Unidos y sus aliados.

### Opiniones de expertos y posibles repercusiones

Bart Groothuis, ex responsable de ciberseguridad del Ministerio de Defensa de los Países Bajos y actual miembro del Parlamento Europeo, criticó duramente la decisión española. Consideró que España está cometiendo un “gran error” y que no existen medidas eficaces para impedir el acceso de ciudadanos chinos a información sensible, lo que podría dejar al país europeo en una posición vulnerable frente a la injerencia extranjera.

Por su parte, la diputada de Los Verdes, Alexandra Geese, advirtió sobre los peligros de depender de proveedores no europeos en áreas estratégicas, calificando este tipo de decisiones como “dependencias peligrosas”. La ONG ARTICLE 19 solicitó una evaluación independiente sobre el impacto de este acuerdo en los derechos humanos y la privacidad, recomendando suspender cualquier colaboración similar hasta tener mayor claridad.

## Impacto y perspectivas futuras en la cooperación internacional

En Estados Unidos, los legisladores Rick Crawford y Tom Cotton pidieron limitar la colaboración con España en materia de inteligencia. Ambos enviaron una carta a Gabbard, sugiriendo que la información compartida con Madrid debería ser anonimizada para evitar transferencias no autorizadas al gobierno chino. La decisión de España también podría afectar su relación con otros países miembros de la Unión Europea, donde la presencia de Huawei en infraestructuras críticas ha sido objeto de restricciones y debates desde 2020, cuando Bruselas emitió la «5G Security Toolbox» señalando a Huawei como proveedor de alto riesgo.

Expertos en seguridad coinciden en que, si bien España busca modernizar y fortalecer sus capacidades de vigilancia, esta estrategia puede tener consecuencias negativas a largo plazo en la cooperación internacional y en la confianza en las instituciones. La dependencia de proveedores considerados peligrosos puede, en última instancia, debilitar la seguridad colectiva del continente europeo.

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