El Gobierno Amplía el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y Genera Debate Sobre su Eficacia

Lima Metropolitana volverá a estar en emergencia y sus habitantes verán restringidos algunos derechos. La medida fue anunciada ayer por el primer ministro Ernesto Álvarez como una respuesta al aumento de la inseguridad ciudadana. Sin embargo, la decisión se produce en medio de movilizaciones sociales, lo que ha generado cuestionamientos sobre su verdadera intención.

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Opiniones de expertos sobre la medida

Para especialistas, el estado de emergencia es una medida recurrente que, en la práctica, no ha demostrado resultados efectivos. Los analistas coinciden en que el gobierno lo utiliza como una herramienta preventiva para limitar las protestas ciudadanas, sin abordar las raíces del problema.

Esta no es la primera vez que se recurre a esta figura. En los últimos años, gobiernos como el de Dina Boluarte han declarado estados de emergencia en distintas regiones del país, sin lograr reducir la delincuencia. Por el contrario, se ha registrado un aumento en extorsiones y asesinatos.

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, explicó que el estado de emergencia permite, entre otras medidas, la suspensión de derechos fundamentales como el libre tránsito y la libertad de reunión. Sin embargo, sostuvo que esta medida solo tendría sentido para mantener el orden público, no como una solución efectiva para combatir la inseguridad ciudadana.

“Los estados de emergencia permiten acciones específicas y un manejo distinto del control del orden público”, precisó.

Valdés añadió que problemáticas actuales como la extorsión y el secuestro extorsivo no requieren de un estado de emergencia para ser enfrentadas, sino de estrategias basadas en inteligencia y en la investigación criminal especializada.

“El secuestro extorsivo no se combate con un estado de emergencia. Lo que se necesita es mayor capacidad investigativa y un mapeo preciso de las organizaciones ilícitas involucradas en estos delitos”, afirmó.

Asimismo, explicó que la extorsión mediante cobros de cupos o amenazas, que se realizan principalmente a través de medios digitales como redes sociales, WhatsApp, SMS, Facebook o Instagram, no se ve afectada por esta medida.

“Los cobros por cupos y amenazas en plataformas digitales no cambiarán con un estado de emergencia. Estas amenazas se difunden y ejecutan por medios electrónicos que requieren otras estrategias de combate”, añadió.

El exministro del Interior, Rubén Vargas, criticó la estrategia gubernamental contra la criminalidad, señalando que recurrir a medidas como el estado de emergencia, que ya fracasó en administraciones anteriores, solo moviliza a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía sin una planificación clara ni objetivos definidos.

“El estado de emergencia se aplicó durante los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Castillo, y no ha dado resultados. Es una medida que no ha tenido éxito y solo genera una respuesta improvisada”, afirmó.

Para Miguel Villaverde, especialista en Políticas Públicas, el anuncio del estado de emergencia como herramienta contra la movilización social evidencia una política reactiva y paliativa que ha demostrado su ineficacia durante más de dos décadas.

Además, señaló que acciones recientes del gobierno, como reuniones con alcaldes o la creación de un supuesto gabinete “de amplia base”, solo reflejan la continuidad del mismo régimen, con diferentes actores y sin cambios sustanciales.

“Se trata de un régimen autoritario, represivo y potencialmente genocida, que intenta maquillar la crisis con medidas superficiales que, en realidad, representan más de lo mismo”, concluyó Villaverde.