El Ministerio del Interior nombra a Richar Agustín Cano Pérez como director general de Orden Público

El Ministerio del Interior ha oficializado la designación de Richar Agustín Cano Pérez en el cargo de director general de Orden Público del Viceministerio de Orden Interno. La decisión fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N° 734-2025-IN, fechada el 21 de octubre de 2025, y firmada por el ministro Vicente Tiburcio Orbezo.

Funciones y responsabilidades del cargo

Este puesto, dependiente directamente del Viceministerio, tiene bajo su responsabilidad la formulación y supervisión de las políticas nacionales relacionadas con el orden público. Además, coordina acciones con la Policía Nacional del Perú (PNP) y planifica la respuesta ante protestas y conflictos sociales.

Antes de su incorporación al Ministerio del Interior, Cano desarrolló una extensa carrera dentro de la Policía Nacional del Perú. Entre sus cargos destacados se encuentran la dirección de Criminalística y su participación en la Dirección contra la Corrupción (Dircocor-PNP), unidad especializada en investigar delitos cometidos por funcionarios públicos.

Según el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, Cano Pérez es licenciado y magíster en Administración y Ciencias Policiales por la Escuela de Oficiales de la PNP. Además, posee un doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica, obtenido en agosto de 2024 en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

Su trayectoria combina formación policial con gestión pública. Sin embargo, su paso por el Gobierno Regional de Ayacucho habría estado enfocado principalmente en obras y articulación interinstitucional, más que en temas de seguridad.

De anticorrupción a la gestión regional

En febrero de 2024, Cano fue designado Asesor I de la Gobernación Regional de Ayacucho, bajo la gestión de Wilfredo Oscorima Núñez. La resolución que lo nombra, la N° 063-2024-GRA/GR, establece una remuneración mensual de S/10,000 bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG).

Fuentes del Gobierno Regional informaron que su función principal consistía en acompañar inspecciones y monitorear avances en obras públicas. No disponía de oficina ni personal a su cargo, aunque sí contaba con una camioneta institucional para desplazarse.

Curiosamente, después de haber formado parte de un órgano anticorrupción, Cano terminó trabajando junto a quien quizás alguna vez investigó. Wilfredo Oscorima, quien fue condenado en 2015 por delitos de corrupción durante su primera gestión, recuperó la libertad tras la anulación de su sentencia por la Corte Suprema. Sus administraciones han sido cuestionadas por obras inconclusas, ampliaciones presupuestales y procesos con irregularidades.

Desde su retorno al cargo en 2023, la gestión de Oscorima volvió a estar en el centro de la atención pública. Durante ese período, ya con Cano como asesor, se reveló el caso Rolex, que expuso un presunto préstamo de relojes y joyas de lujo del gobernador a la entonces presidenta Dina Boluarte, a cambio de favores y recursos públicos. La investigación periodística motivó diligencias del Ministerio Público.

Visitas oficiales y registros contradictorios

A pesar de su designación en Ayacucho, los registros oficiales muestran que entre febrero y marzo de 2024, Cano Pérez realizó ingresos al Ministerio del Interior y al Ejército del Perú, en calidad de representante de la Dirección de Criminalística de la PNP.

El 26 de febrero, ingresó al Despacho Ministerial del Mininter, y el 4 de marzo visitó el Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejército, ambas actividades con esa acreditación. Sin embargo, en esas fechas ya figuraba como asesor del Gobierno Regional de Ayacucho.

Durante los meses siguientes, registró reuniones con los ministerios de Vivienda y Economía y Finanzas en representación del GORE Ayacucho, relacionadas con proyectos y presupuestos regionales.

Las imágenes públicas de su participación en la administración regional se limitan a reuniones del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC). Aunque no aparece como integrante oficial, participó en varias sesiones según registros institucionales.

En cuanto a la efectividad de su asesoría en seguridad, los resultados parecen limitados. Datos oficiales indican que Ayacucho enfrenta su mayor nivel de victimización en más de una década: en 2024, el 29,6 % de la población fue víctima de algún delito, y el 82 % consideró probable serlo. Las denuncias policiales aumentaron un 64,6 % entre 2019 y 2024, y las extorsiones se cuadruplicaron en ese período.

El informe regional de seguridad ciudadana, hasta septiembre de 2024, refleja que la problemática persiste y que las cifras de delincuencia continúan en aumento, evidenciando los desafíos en materia de seguridad en la región.