Controversia por propuesta de cierre de Machu Picchu en 2026 genera debate legal y económico en Perú

El anuncio del alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, sobre la posible clausura de Machu Picchu durante uno o dos meses a partir de enero de 2026, ha provocado una fuerte reacción en diversos sectores del país. La propuesta, divulgada en un contexto de incertidumbre sobre el acceso y la gestión del emblemático sitio, ha reavivado el debate acerca de su legalidad y las implicancias económicas para Perú.

Preocupación por efectos económicos y sociales

La iniciativa del alcalde, expresada en una entrevista, fue percibida como una amenaza directa a la estabilidad de la principal fuente de ingresos de la región. La noticia generó alarma entre los residentes del distrito y las comunidades aledañas, quienes consideran que una medida de esta magnitud pone en riesgo el bienestar de miles de familias que dependen del turismo.

Debate sobre la competencia legal para cerrar Machu Picchu

El tema de quién tiene la autoridad para decidir el cierre del sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad cobró mayor relevancia. Especialistas en derecho señalaron que la legislación peruana establece límites claros a la competencia de las autoridades locales en la gestión de sitios arqueológicos y patrimoniales.

El Ministerio de Cultura es la entidad responsable de la administración del santuario, en coordinación con el gobierno central y el apoyo del municipio provincial. En este marco, ningún alcalde distrital tiene competencia para ordenar un cierre unilateral del patrimonio.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos legales que implica una decisión de cierre sin la justificación técnica adecuada. “Se podría configurar un delito de usurpación de funciones si se demuestra dolo por parte del gobernante en sus decisiones”, agregó Sota.

Rechazo de autoridades y sectores económicos

La postura del alcalde fue respaldada por diversas autoridades locales y nacionales, las cuales enfatizaron que una decisión de tal magnitud no puede ser adoptada de manera unilateral por un municipio. La normativa vigente exige una coordinación entre diferentes entidades y la evaluación técnica correspondiente para garantizar la protección del patrimonio y la seguridad de los visitantes.

Necesidad de acciones coordinadas y responsables

Frente a esta situación, tanto expertos como autoridades coinciden en la importancia de que las decisiones relacionadas con la protección y gestión de Machu Picchu sean tomadas de manera coordinada y fundamentada en criterios técnicos. La unilateralidad y la falta de una planificación adecuada podrían poner en riesgo uno de los destinos más emblemáticos del país y afectar su sostenibilidad a largo plazo.