Fernando Rospigliosi solicita a la JNJ destituir a juez Carhuancho por no aplicar ley de lesa humanidad

## Fernando Rospigliosi solicita la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho

El primer vicepresidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, presentó una solicitud ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho. La petición se produce después de que el magistrado declarara inaplicable la Ley 32107 mediante el uso del control difuso en una investigación contra el coronel en retiro Arturo Castro Arias, por un presunto homicidio calificado ocurrido en 1984 en Ayacucho. Para el congresista de Fuerza Popular, esta acción del juez constituye “actos ilegales y prevaricadores”, al no hacer cumplir una normativa aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.

## La controversia sobre la aplicación del control difuso y la Ley 32107

Durante una conferencia de prensa, Rospigliosi explicó que su denuncia detalla antecedentes en los que el propio juez habría dejado de aplicar otras leyes. Además, acusó a Concepción Carhuancho de actuar de manera sistemática y de “burlarse del sistema republicano de división de poderes”, al decidir no acatar decisiones legislativas vigentes. La norma en cuestión, la Ley 32107, fue promulgada en agosto de 2024 y establece la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.

## La postura del juez y su uso del control difuso

Concepción Carhuancho decidió no aplicar la Ley 32107, argumentando que esta sería incompatible con la Constitución Política del Perú y con los estándares internacionales de derechos humanos. En su auto, el magistrado sostuvo que la ley sería contraria a la Constitución y que, por lo tanto, debía ser inaplicada mediante el control difuso, una figura jurídica que permite a los jueces declarar la inconstitucionalidad de una norma en casos específicos cuando detectan incompatibilidad.

El fallo del juez también señala que mantener la prescripción impediría el acceso a la justicia para las víctimas y su derecho a conocer la verdad, derechos que están reconocidos en tratados internacionales ratificados por Perú. Este argumento fue utilizado para justificar la inaplicación de la ley, ya que, en su opinión, la norma vulneraba derechos fundamentales.

## Críticas y declaraciones de los opositores

El congresista de Fuerza Popular afirmó que el magistrado “no está capacitado para aplicar el control difuso”, ya que la Corte Suprema ha establecido que esta figura solo debe usarse en una sentencia definitiva y no en decisiones de primera instancia. Además, criticó duramente lo que calificó como un sistema de justicia “politizado y prevaricador”, que, según él, persigue a militares y policías que combatieron el terrorismo en el pasado.

## Los hechos investigados y la importancia del caso

La investigación en cuestión corresponde a la presunta matanza de varios comuneros en el anexo San Martín de Chupón, en Ayacucho. Según las acusaciones, estas personas fueron torturadas y asesinadas en marzo y abril de 1984, por pertenecer a grupos subversivos. La decisión del juez de declarar inaplicable la Ley 32107 ha generado controversia, ya que, según su auto, es fundamental continuar con la investigación para esclarecer los hechos y garantizar la justicia para las víctimas.