Filtración revela que el conglomerado militar GAESA controla más de 18 mil millones de dólares en activos en Cuba, poniendo en jaque la opacidad de la economía cubana

Una reciente filtración de documentos financieros ha puesto en el centro de la atención la estructura económica del grupo militar cubano GAESA. Los documentos, obtenidos y verificados por el Miami Herald, revelan activos líquidos por más de 18.000 millones de dólares, incluyendo depósitos y disponibilidades que superan los 14.000 millones a marzo de 2024. Además, la filtración detalla la existencia de empresas del conglomerado, muchas de las cuales permanecían en la sombra para el público general.

GAESA, o Grupo de Administración Empresarial S.A., es un conglomerado vinculado estrechamente a las Fuerzas Armadas de Cuba. Aunque su tamaño y opacidad no son nuevos para los analistas, esta filtración proporciona una radiografía más precisa de su alcance. Históricamente, se ha sabido que controla sectores clave como el turismo, el comercio minorista y las remesas, sin que sus balances sean sometidos a auditorías públicas o supervisión externa.

El general cubano Rafael del Pino, quien desertó en 1987, ha sido uno de los críticos más destacados. En un artículo reciente, denuncia que GAESA funciona como una red de decenas de empresas que captan entre el 40% y el 60% de las divisas que ingresan a Cuba, con una contabilidad cerrada y estructuras blindadas frente a los controles internacionales. Este esquema permite que la élite militar y política controle los recursos económicos sin transparencia alguna, alimentando una oligarquía que, según Del Pino, ha creado un «estado dentro del Estado».

La situación social en Cuba es alarmante. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en 2024, el 89% de las familias vive en pobreza extrema. La falta de alimentos y recursos básicos ha provocado que siete de cada diez personas hayan dejado de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o comida.

El análisis de Del Pino también cuestiona la narrativa de que las Fuerzas Armadas controlan GAESA, afirmando que la corporación opera con empresas registradas en paraísos fiscales y cuentas bancarias en jurisdicciones offshore, bajo la cobertura de la Contrainteligencia Militar. En su opinión, la única salida viable sería la nacionalización, intervención, confiscación, auditoría y disolución de GAESA, para reducir la concentración de poder económico en manos de una élite militar y política.

El control de GAESA y su opacidad también tienen repercusiones en la política exterior de Estados Unidos. La Ley Helms-Burton establece condiciones para reconocer la transición democrática en Cuba, incluyendo la liberación de presos políticos y elecciones libres. Desde 2019, el Título III ha estado activo, permitiendo demandas contra quienes trafiquen con propiedades confiscadas tras la revolución. La publicación en julio de 2025 de la “Cuba Restricted List” ha incluido varias entidades vinculadas a GAESA, complicando aún más las transacciones internacionales.

El experto Rafael del Pino advierte sobre la posibilidad de un “cambio fraude”: filtraciones selectivas y gestos de apertura que busquen mantener intacto el núcleo del poder económico y obtener reconocimiento internacional sin alterar la estructura de poder. Sin embargo, también señala que la comunidad internacional y las sanciones seguirán presionando para una mayor transparencia y cambios estructurales en la economía cubana.

La situación en Cuba continúa siendo una crisis social y económica profunda, agravada por la opacidad del control militar y las restricciones externas. La filtración de estos documentos marca un punto de inflexión, que podría abrir nuevas vías para entender y eventualmente reformar la estructura económica del país.