Empresario Aniceto Argüelles admite haber organizado pagos ilegales a jueza para obtener fallos favorables

Aniceto Argüelles Loayza, reconocido empresario que ha obtenido millonarios contratos para el servicio de recolección y disposición de residuos en diversos distritos de Lima y Chancay, ha reconocido ante las autoridades judiciales haber organizado pagos ilícitos a la jueza Roxana Becerra Urbina. Este acuerdo se dio en el marco de una investigación por corrupción que involucra a varias figuras del sistema judicial y empresarios del sector.

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La Corte Superior de Lima Norte aceptó la solicitud de Argüelles para acogerse a una sentencia de terminación anticipada en el proceso judicial que se le seguía, resultando en una condena de cuatro años de prisión suspendida. Sin embargo, el caso continúa abierto en relación con otros cuatro implicados, incluyendo a la jueza Roxana Becerra.

El objetivo de Argüelles era que la magistrada Becerra emitiera una sentencia a favor del ex-presidente de la comunidad de Quipán, Canta, Abel Mosquera Ortíz. Este último está acusado de vender a la empresa de Argüelles, sin autorización de su comunidad y mediante documentos falsificados, 10 mil hectáreas de tierras campesinas a un valor por debajo del mercado.

El plan de Argüelles era construir en dicho terreno un relleno sanitario, con la intención de dominar el mercado de recolección de basura en la región. Si la jueza Becerra dictaba sentencia favorable a Mosquera, la comunidad de Quipán podría recuperar su tierra, dejando sin efecto los intereses del empresario en el negocio.

El proceso judicial comenzó en 2016, cuando Argüelles adquirió fraudulentamente las tierras a Abel Mosquera. Mientras enfrentaba denuncias civiles y penales por parte de la comunidad de Quipán, en 2023 inauguró un relleno sanitario en el predio reclamado, generando controversia y cuestionamientos sobre la legalidad de su proceder.

Entre 2018 y 2025, Industrias Argüelles experimentó un crecimiento exponencial. En 2018 facturaba S/39.2 millones y, en lo que va del año, ha alcanzado los S/152.2 millones. En estos siete años, la empresa ha obtenido contratos por un total de S/802 millones con distintos municipios para servicios de disposición de residuos, lo que explica la resistencia de Argüelles a devolver el terreno a la comunidad y su continua participación en licitaciones públicas.

Delito. Aniceto Argüelles confirmó haber organizado pagos de coimas. Foto: difusión

El fondo de la acusación

En 2019, la fiscal especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Leidy Cherrepano Collantes, asumió formalmente la investigación. El 17 de mayo de 2024, presentó la acusación formal contra Argüelles por cohecho activo específico (ofrecimiento de sobornos) y contra la jueza Roxana Becerra por cohecho pasivo específico (recepción de dinero o dádivas a cambio de decisiones judiciales favorables).

Asimismo, la fiscal imputó delitos a otros cuatro individuos que actuaron como intermediarios en la trama, facilitando la transferencia ilícita de fondos y la manipulación de decisiones judiciales. La acusación detalla que Argüelles, a través de personas de su confianza como Silvio Muñoz Villanueva, compró a la magistrada tres terrenos en Santa Rosa de Quives, Canta, de propiedad compartida con su familia, mediante pagos sobrevalorados y sobornos.

La fiscal Cherrepano destacó la utilización de interceptaciones judiciales, que incluyeron llamadas telefónicas, comunicaciones por email y mensajes de WhatsApp, además de grabaciones de encuentros clandestinos fuera de Lima. La evidencia también comprende documentos y registros digitales que confirman la existencia de un esquema de corrupción.

La La República intentó en varias ocasiones contactar a la jueza Roxana Becerra para obtener su versión, pero desistió de responder. También se contactó con el abogado de la magistrada, Hubert Galdos Arcelles, quien no emitió comentarios al respecto.