Contexto y antecedentes

La situación política en Perú ha abierto un escenario propicio para que Luis Arce Córdova, quien fue destituido en dos ocasiones por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sea considerado como uno de los posibles candidatos para ocupar el cargo de fiscal de la Nación en una elección anticipada prevista para 2026. La primera Sala Constitucional y el Congreso han tenido un papel relevante en este proceso, creando las condiciones para su eventual reincorporación.

Decisión judicial que favorece a Arce Córdova

Recientemente, la Corte Superior de Justicia de Lima anuló las dos destituciones que pesaban contra Arce Córdova y ordenó a la JNJ su reincorporación como fiscal supremo en un plazo de cinco días. La resolución judicial representa un giro importante en su situación legal, dado que el tribunal también ordenó la reposición de su cargo.

En paralelo, el Congreso del Perú prepara una posible inhabilitación de 10 años en la función pública contra la fiscal del Ministerio Público, Delia Espinoza, acusándola de no acatar la ley que devolvía a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares, pese a que ella no firmó dicha resolución.

Con estos movimientos, Luis Arce Córdova, actual fiscal supremo a cargo de la Fiscalía Suprema de Familia, aparece como una de las opciones para liderar la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, su nombre continúa siendo objeto de cuestionamientos y controversias.

Historial de controversias y denuncias

El historial de Arce Córdova incluye dos destituciones por parte de la Junta Nacional de Justicia. La primera, en 2021, estuvo relacionada con supuestos vínculos con la red de corrupción conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”. La segunda, en 2022, ocurrió por su supuesta separación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ambos procesos fueron posteriormente anulados por el Poder Judicial.

La primera destitución, en 2021, fue motivada por la presunta interferencia del juez supremo César Hinostroza en sus funciones durante las elecciones municipales y regionales del 2018. La decisión de la JNJ fue unánime y se basó en la existencia de vínculos con la red de corrupción.

Un año después, en 2022, la misma Junta resolvió destituirlo del cargo por haberse apartado del proceso electoral durante la segunda vuelta presidencial, violando la ley que prohíbe renunciar en medio de un proceso electoral. Sin embargo, ambas decisiones fueron anuladas en instancias judiciales, y actualmente no hay procesos en curso contra él. No obstante, investigaciones periodísticas realizadas por IDL-Reporteros en 2020 y 2021 han revelado posibles irregularidades vinculadas a su carrera.

Investigaciones y cuestionamientos adicionales

Entre las irregularidades detectadas, destaca una relacionada con su etapa como docente en la Academia Nacional de la Magistratura (AMAG) durante 2016 y 2017. Según registros migratorios, en varias ocasiones Arce no habría estado en el país cuando debía impartir clases, aunque siempre recibió los pagos completos. La institución aclaró que no mantenía vínculo laboral bajo el régimen de la actividad privada.

Además, en 1995, mientras ejercía como juez del Séptimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, fue investigado por la Oficina del Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial por supuestamente ofrecer acelerar un trámite judicial a cambio de 3 mil dólares, a través de intermediarios. La denuncia fue presentada por la abogada Liliana Alva Guerrero, pero la supuesta oferta no se concretó.

El caso fue archivado en 1999, tras resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura y la Corte Superior de Justicia de Lima, debido a la prescripción del proceso.

Perspectivas y opiniones

Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostiene que el retorno de Luis Arce Córdova responde a una estrategia de grupos vinculados a la corrupción. Silva considera que esta situación representa un retroceso en la independencia del Ministerio Público.

En declaraciones a medios especializados, Silva explicó que la reincorporación de figuras como Arce, junto con otros fiscales como Tomás Gálvez y Patricia Benavides, responde a decisiones tomadas por instituciones cuestionadas, como la JNJ y el Tribunal Constitucional, que han permitido su retorno tras destituciones previas.

Señaló además que, al asumir como fiscal de la Nación, Patricia Benavides deshizo parte del equipo especial dedicado a investigar a los Cuellos Blancos, lo que reforzaría la percepción de que estos movimientos responden a intereses políticos y de protección a ciertos actores.