Allanamiento a la vivienda del gobernador del Callao en operativo contra corrupción

La Fiscalía, en coordinación con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP), lleva a cabo desde la madrugada del lunes 15 de diciembre un allanamiento en la vivienda del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo. Este operativo forma parte de una serie de diligencias en el marco de las investigaciones del caso “Los Socios del Callao”.

Los procedimientos también abarcan otros 26 inmuebles vinculados a funcionarios y contratistas del Gobierno Regional del Callao (Gore del Callao). La operación se realiza en medio de una investigación que busca esclarecer presuntos actos de corrupción relacionados con la gestión del gobernador.

Detalles del operativo y detenciones

Las diligencias fiscales contaron con la presencia de agentes de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECCO). Según informó Luis Lira, director contra la Corrupción de la PNP, hasta el momento se han detenido a ocho funcionarios públicos investigados. Además, el operativo incluyó registros en las oficinas de logística y almacenes del Gore del Callao, donde se encontraron elementos que aportan a la investigación.

Al momento del allanamiento, Ciro Castillo no se encontraba en su vivienda en La Punta. Sobre él pesa una orden de detención preliminar por 15 días. «No lo hemos visto desde que salió la resolución del allanamiento», precisó Lira.

De las 11 órdenes de detención preliminar emitidas, cinco personas fueron localizadas y tres están fuera del país.

Contexto del caso

Según la tesis fiscal, esta presunta organización criminal, que habría sido liderada por Ciro Castillo, habría direccionado contrataciones en el Gobierno Regional del Callao y en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed), por un monto total de S/ 1.461.121,10.

El Ministerio Público sostiene que funcionarios y servidores del Gore habrían aprovechado sus cargos para otorgar contrataciones menores o iguales a 8 UIT a dos proveedores, con el fin de evadir los procesos de selección establecidos por ley. Incluso, en licitaciones de otros rubros, las empresas modificaban sus actividades en Sunat para obtener los contratos.

Estas contrataciones irregulares habrían comenzado durante la gestión de Castillo, desde enero de 2023 hasta febrero de 2024, y alcanzarían un total de 63 adjudicaciones. Como resultado de estas presuntas coordinaciones ilícitas, la Fiscalía señala que se emitieron 34 órdenes de compra y tres órdenes de servicio por un monto de S/ 874.575 a favor de un proveedor, además de otras 16 órdenes de compra y tres órdenes de servicio por S/ 518.525 a otro proveedor.

Asimismo, en el Cafed del Callao se habrían direccionado, presuntamente, cuatro órdenes de compra por S/ 44.196,10 y tres órdenes adicionales por S/ 23.825, siguiendo el mismo modus operandi.

Detenciones y medidas judiciales

Durante el allanamiento en los 27 inmuebles, la Fiscalía y la PNP detuvieron preliminarmente a varias personas: Luis Blanco Cabrera, presunto proveedor del Gore del Callao; César Arango Huaringa, encargado de almacén de la misma institución; Daniel Villalobos Sampén, especialista del Gore del Callao; Wilmer Meza Natividad, coordinador de contrataciones; y Roberto Rosales Carazas.

Además de Ciro Castillo, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por 15 días de Jimmy Whu Cárdenas, asesor de la Oficina de Asesoría Legal (FAG), y de Hiromi Zúñiga Jáuregui, jefa de la Oficina de Logística del Gore del Callao. Ambos habrían coordinado con personal de la institución para favorecer a ciertos proveedores mediante órdenes de compra y de servicio. La medida también afecta a Marco Rojas Gálvez, Rafael Moscaisa Gutiérrez y Carmen Blanco Rivera.

Reacciones y postura legal

Humberto Abanto, abogado de Ciro Castillo, manifestó que su patrocinado no fue notificado sobre la existencia de la carpeta fiscal y que no se le solicitaron descargos. Además, anunció que presentarán un recurso de apelación para anular el allanamiento.

El letrado agregó que la diligencia fiscal en la vivienda de Castillo fue «declarada infructuosa», ya que no se hallaron evidencias que contribuyan a la investigación.