Fiscalía busca que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay sea catalogado como crimen de lesa humanidad: ¿qué implica esto?

La Fiscalía de Colombia ha calificado el asesinato de Miguel Uribe Turbay como un delito de lesa humanidad, en un paso que marca un importante avance en las investigaciones en curso. Esta decisión, tomada durante una audiencia reciente y reportada por Noticias RCN, implica que el caso no prescribirá, no tendrá límites de tiempo para su resolución y se considera de la máxima gravedad. La calificación sitúa este crimen en un nivel similar a otros magnicidios históricos en el país, como los de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado, cuyos procesos judiciales todavía permanecen abiertos y en busca de justicia.

La Fiscalía ha procesado a cuatro personas relacionadas con el caso bajo esta nueva figura delictiva. Entre los acusados se encuentran alias el Costeño, considerado el determinador material del ataque; alias Claro; alias Andrea o Gabriela, quienes habrían entregado el arma al menor sicario; y Cristian Camilo González, conductor de la motocicleta utilizada en la fuga del atacante del senador. Además, William Fernando González, conocido como el Hermano, también enfrenta cargos por su participación en el atentado.

Este cambio en la calificación jurídica responde a la naturaleza sistemática y política del crimen, que, según el abogado Víctor Mosquera, representante de la familia Uribe Turbay, no fue un acto aislado, sino parte de una estrategia contra un líder de oposición. Mosquera remarcó que el ataque tuvo como objetivo perjudicar al partido político Centro Democrático, en el que militaba Miguel Uribe Turbay, y no solo a una persona en particular.

Aunque en Colombia no existe específicamente la figura del “magnicidio” en el marco legal, la Fiscalía sostiene que el hecho es equiparable en gravedad y que, bajo los estándares internacionales, debe considerarse un crimen de lesa humanidad. Este tipo de delitos incluye actos como asesinatos masivos, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y desplazamientos forzados, realizados en el contexto de ataques sistemáticos contra poblaciones civiles. La investigación sigue abierta para determinar quién ordenó directamente el asesinato, un aspecto que aún mantiene en vilo a la sociedad colombiana, que exige justicia y claridad en el caso.

La calificación de este crimen como de lesa humanidad no solo le confiere un peso jurídico, sino que también redefine la respuesta institucional ante ataques a figuras públicas en Colombia. La gravedad del acto, motivado por razones políticas y con consecuencias de gran escala, refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos judiciales para luchar contra la impunidad en casos de violencia política y derechos humanos.