Acusación y contexto del proceso judicial

El fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, entregó este jueves sus alegatos finales en el marco del proceso judicial contra el expresidente Martín Vizcarra. La investigación lo vincula con presuntos cobros de coimas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Según la tesis del Ministerio Público, Vizcarra habría recibido aproximadamente S/1 millón en sobornos, relacionados con la adjudicación de proyectos públicos. La Fiscalía mantiene que estos fondos ilegales estarían vinculados a favores en licitaciones de obras como Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Detalles del caso y solicitudes de la Fiscalía

Durante la audiencia, la Fiscalía ratificó su pedido de 15 años de prisión efectiva para el exmandatario. La acusación contempla 6 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo y 9 años por el Hospital de Moquegua. Además, solicitó una inhabilitación por 9 años para ejercer funciones públicas.

El fiscal Germán Juárez Atoche argumentó que Vizcarra incurrió en el delito de cohecho pasivo propio. La audiencia, que marca la fase final del juicio oral en el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, continuará el jueves 20 de noviembre, cuando la defensa del exmandatario presente sus alegatos.

Reacciones y coincidencias en la acusación

Tanto la Fiscalía como la Procuraduría Anticorrupción coincidieron en que Martín Vizcarra habría recibido pagos ilícitos de las empresas Obrainsa e ICCGSA. Ambas compañías están investigadas por irregularidades en obras públicas.

Las pruebas presentadas incluyen registros de llamadas, documentación y declaraciones de colaboradores eficaces que respaldarían la acusación por cohecho pasivo. La Fiscalía sostiene que, en su calidad de gobernador, Vizcarra tenía la capacidad de direccionar contratos en favor de estas constructoras.

Por su parte, la Procuraduría resaltó que la responsabilidad del exmandatario persiste pese a la delegación de funciones, ya que la firma de contratos seguía siendo una atribución exclusiva del gobernador regional. En ese sentido, enfatizó que las decisiones tomadas durante su gestión comprometen su responsabilidad tanto política como penal.

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