Fiscalía investiga reuniones clandestinas de Juan José Santiváñez fuera de Palacio en horario laboral

## Ministro Juan José Santiváñez en medio de controversias por reuniones clandestinas

El actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, enfrenta serias acusaciones relacionadas con una serie de reuniones no oficiales y gestiones poco transparentes durante su paso por la Oficina de Monitoreo Intergubernamental en Palacio de Gobierno. Videos obtenidos por *Cuarto Poder* y *Punto Final* revelan que, en los últimos meses, Santiváñez abandonaba su despacho para sostener encuentros en el restaurante Cordano, ubicado a pocos metros de la sede del Ejecutivo.

Según registros de cámaras de seguridad y cobertura periodística, se documentaron al menos seis reuniones en ese establecimiento en las que el ministro participó sin que dichas actividades figuren en el portal de Transparencia del Despacho Presidencial. En uno de estos encuentros, Santiváñez entregó documentos a un individuo no identificado y posteriormente dialogó con un segundo visitante. La evidencia indica que estos encuentros estaban coordinados con anticipación, dado que los asistentes esperaban en el local antes de la llegada del ministro.

## Implicaciones y conexiones con actores vinculados

Uno de los asistentes frecuentes a estas reuniones fue Marco Palacios Meza, a quien la fiscalía señala como presunto operador de una organización criminal supuestamente liderada por Santiváñez. Palacios Meza, además de haber compartido estudio jurídico con el ministro, visitó oficialmente en 13 ocasiones entre julio de 2024 y febrero de 2025. Sin embargo, las reuniones informales no aparecen en los registros oficiales. Según un testigo protegido, Palacios habría actuado como intermediario en operaciones para direccionar contratos de defensa legal a favor de funcionarios públicos investigados por violaciones de derechos humanos relacionadas con las protestas sociales de fines de 2022.

## Contratos y presuntas irregularidades en la defensa legal

La investigación indica que, durante la gestión de Santiváñez, se facilitaron cinco órdenes de servicio para la defensa de generales de la Policía Nacional, las cuales fueron asignadas a abogados vinculados al entorno de Palacios Meza y Percy Tenorio Gamonal, también señalado como operador clave. Por cada caso, se habría exigido una suma de US$20,000, acumulando un total de aproximadamente S/1,000,000. Estas coordinaciones presumiblemente contaron con la complicidad del general Máximo Ramírez de la Cruz, director de la Defensoría de la Policía Nacional, cargo que obtuvo gracias a una resolución firmada por Santiváñez, y de su asistente legal, Iber Torres.

## Cambios en la contratación en la Defensoría de la PNP

En el entorno de la Defensoría de la Policía Nacional, se habrían realizado modificaciones en los requisitos para la contratación de abogados defensores. Se redujo el criterio de experiencia de diez a tres años y se eliminó la obligatoriedad de poseer una maestría, facilitando así la participación de allegados al círculo cercano de Santiváñez y Palacios Meza. Frente a las denuncias, Máximo Ramírez defendió su gestión, asegurando que no favoreció a nadie y que cualquier persona podía solicitar una reunión en su despacho. Además, afirmó que en ese momento no tenía conocimiento de si alguna contratación sería millonaria o no.

Estas revelaciones plantean serias dudas sobre la transparencia y legalidad de las gestiones realizadas por el actual ministro y su entorno, en un contexto de investigaciones en curso que buscan esclarecer posibles irregularidades vinculadas a su paso por el gobierno.