Contexto y avances en la investigación

A seis meses de las próximas elecciones generales en Perú, la fiscal Milagros Salazar, integrante del Equipo Especial Lava Jato, tiene lista una acusación formal por lavado de activos contra Renovación Popular, el partido liderado por el alcalde de Lima y aspirante presidencial Rafael López Aliaga.

Según información de Hildebrandt en sus trece, la investigación, basada en testimonios, documentos y acuerdos de colaboración eficaz, afirma que la organización política, considerada heredera jurídica de Solidaridad Nacional, habría canalizado y blanqueado fondos ilícitos provenientes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS durante la campaña municipal de 2014.

El expediente, construido a partir de declaraciones de colaboradores, testigos e investigados, revela un esquema de financiamiento ilegal que involucra a figuras clave del entorno de Solidaridad Nacional.

Detalles de las entregas ilícitas

Según la fiscalía, Martín Bustamante Castillo, entonces dirigente del partido y operador cercano a Luis Castañeda Lossio, recibió en su departamento en Miraflores sobres con un total de USD 200 mil. Estos fondos fueron entregados por Raymundo Trindade Serra, ejecutivo de Odebrecht, y Raúl Pereira Neto, apoderado de la concesionaria Rutas de Lima. Además, Bustamante habría recibido otros USD 480 mil en tres entregas de OAS en ese mismo año.

El modus operandi, según testimonios, consistía en la entrega de sobres manila en mochilas de laptop, sin pasar por el sistema bancario. El dinero se trasladaba a la sede de Telefónica en la Avenida Arequipa, donde José Luna Gálvez, entonces secretario general y jefe de campaña, contaba los fajos y los almacenaba.

La fiscalía sostiene que estos fondos se blanquearon mediante su registro como “aportes de campaña” a nombre de terceros, pagos de “honorarios” a Castañeda con cheques de Telefónica y la compra de un vehículo, que aunque figuraba a nombre de Bustamante, era utilizado por López Aliaga.

Distribución y uso de los fondos ilícitos

De acuerdo con la investigación, los USD 200 mil provenientes de Odebrecht se distribuyeron en USD 100 mil para Luna, USD 70 mil para José Quispe Lévano, jefe de prensa del partido, y dos entregas de USD 15 mil para Jorge Zegarra Lévano, asesor cercano a Castañeda. Todo en efectivo y fuera del control del sistema financiero, con la instrucción de canalizar estos recursos hacia la maquinaria electoral.

El expediente también describe operaciones como el depósito de 300 soles en un banco de Jesús María para pagar paquetes televisivos, la adecuación de contratos publicitarios a los montos realmente desembolsados y el envío de pautas a los principales canales de televisión.

En total, la campaña de 2014 de Luis Castañeda Lossio habría recibido USD 980 mil en aportes ilícitos: USD 480 mil de OAS y USD 500 mil de Odebrecht.

La fiscalía sostiene que, aunque estos fondos provenían de las constructoras brasileñas, terminaron bajo control de la estructura partidaria de Solidaridad Nacional, cuyo legado aún influye en la política peruana. Más detalles sobre esta investigación pueden consultarse en fuentes oficiales y medios especializados.