La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Noroeste, dirigida por el fiscal provincial Paulo César Brancacho Japa, llevó a cabo una inspección en las zonas marítimas y costeras afectadas por el derrame de 11,853 barriles de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022, atribuido a la empresa Repsol. El propósito de esta diligencia fue evaluar el estado actual de la contaminación en los puntos donde ocurrió el desastre.

Durante la inspección, el equipo fiscal recorrió tres áreas clave con apoyo de una embarcación de la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (Dicapi). Las zonas visitadas incluyeron un acantilado y la playa Carachozo, en el distrito de Santa Rosa, así como un acantilado en Ventanilla, situado entre las playas Bahía Blanca y Javier.

La diligencia interinstitucional consistió en recorrer estas áreas, tomar muestras de agua y sedimentos contaminados por hidrocarburos, identificar la fauna silvestre afectada y realizar otras acciones destinadas a evaluar los avances y limitaciones en los trabajos de limpieza y rehabilitación ambiental.

El fiscal Brancacho explicó que esta supervisión tiene como finalidad determinar, en el lugar, si persiste la contaminación. Además, indicó que la nueva gestión de la FEMA mantiene coordinaciones con diferentes entidades del Estado para prevenir incidentes similares a los ocurridos en 2022.

Por su parte, el defensor adjunto de Medio Ambiente y Cambio Climático, José Quequejana Cóndor, resaltó la importancia de la presencia del Ministerio Público en estos procesos, ya que existe una responsabilidad civil y penal por parte de las empresas privadas responsables del desastre ambiental. La participación de la Fiscalía aporta valor legal y jurídico a las acciones de campo.

La FEMA Lima Noroeste destacó que el monitoreo de las aguas es una acción esencial para verificar el impacto ambiental ocasionado por el derrame. Además, reafirmó su compromiso con la protección de los recursos naturales y los ecosistemas del país.

En esta diligencia también participaron representantes de la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Serfor y la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa). Estas instituciones acompañaron en la evaluación de los efectos del derrame en las zonas afectadas.