Operativo en el marco de investigación por irregularidades en contrataciones públicas

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura, junto con la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, llevaron a cabo un megallanamiento en 11 inmuebles vinculados al Gobierno Regional de Lima (Gore Lima). Entre los objetivos se encontraba la vivienda de la gobernadora regional, Rosa Vásquez Cuadrado. Este operativo forma parte de una investigación preliminar que busca esclarecer presuntas irregularidades en procesos de contratación pública durante la actual gestión regional, en el caso conocido como ‘Los Compadres de la Corrupción’.

Detalles del operativo y domicilios intervenidos

Las diligencias se realizaron en la madrugada y primeras horas del viernes 21 de noviembre en diversas jurisdicciones: Lima, Huaura–Huacho y Huarochirí. Agentes fiscales y policiales ingresaron a oficinas de la Gobernación Regional, específicamente en las áreas de Logística, además de viviendas y locales utilizados presumiblemente por funcionarios para actividades administrativas o residencias temporales. La Fiscalía informó que durante la operación se procuró asegurar documentación clave y otros elementos de prueba que puedan sustentar la investigación.

Reacción del Gobierno Regional y estado de la intervención

En la sede del Gore Lima, la diligencia generó retrasos en el ingreso del personal administrativo, debido a la presencia de las autoridades fiscales. El gerente regional, Leonardo Edison Vílchez Fernández, afirmó que la institución facilitó todas las gestiones necesarias para la intervención. “Aquí no hay nada que ocultar. Hay que colaborar con las autoridades; se le está brindando toda la información”, expresó.

Vílchez señaló que la medida tomó por sorpresa a los funcionarios y que no se tenían detalles precisos sobre la causa específica que motivó el operativo. Sin embargo, reconoció que la Fiscalía está investigando presuntos actos de corrupción relacionados con la gestión actual. Además, aclaró que no se registraron detenciones y que la diligencia se desarrolló con normalidad.

Implicados y líneas de investigación

La hipótesis fiscal apunta a un posible esquema de favorecimiento dirigido a la empresa CESOLIV Servicios Generales E.I.R.L.. Entre 2023 y 2025, esta firma habría recibido 21 órdenes de servicio por más de S/300,000. Según la investigación preliminar, el propietario de la compañía, César Oliva, sería compadre de la gobernadora regional, lo que habría facilitado contrataciones irregulares.

El caso ganó notoriedad pública tras un reportaje que reveló que la dirección fiscal de CESOLIV correspondía a una cebichería, a pesar de que la empresa fue contratada para actividades como suministro de alimentos, adquisición de bienes y mantenimiento preventivo. Para la Fiscalía, estas inconsistencias indican que la empresa no cumplía con las condiciones necesarias para ejecutar los servicios contratados.

Personas involucradas y delitos en investigación

El fiscal anticorrupción Christian Manrique informó que son ocho las personas involucradas en la pesquisa. Los delitos que se analizan incluyen colusión, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, falsificación de documentos privados y uso de documentos falsos. El objetivo del operativo fue la incautación de documentos físicos, registros administrativos y cualquier evidencia que permita reconstruir el funcionamiento de la presunta red de corrupción.

Inmuebles de interés y estado de las autoridades

Entre los inmuebles de mayor interés para la Fiscalía se encuentran una oficina contable en Huacho y un departamento en Residencial Los Robles. Se sospecha que las autoridades regionales habrían utilizado estos espacios como oficinas alternas o residencias temporales. Las primeras verificaciones indican que estos lugares fueron utilizados para actividades de trabajo o residencias provisionales de altos funcionarios.

Situación de la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado

Al momento de las intervenciones, la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado no se encontraba en la sede del Gore Lima ni en su vivienda. Según informaron sus funcionarios, se encontraba en Lima cumpliendo con una agenda oficial. El gerente regional expresó que desconoce si la autoridad regional fue informada con anticipación sobre el operativo. La representación legal de Vásquez Cuadrado quedó a cargo del abogado Paolo Rodríguez.

Rodríguez estuvo presente durante la diligencia en el edificio regional y en los otros puntos intervenidos. Según las autoridades, el abogado facilitó el acceso a la documentación y colaboró con los fiscales en el desarrollo de la operación.