Fiscalía reporta 56 conductores asesinados y 30 mil denuncias de extorsión en Lima y Callao

Incremento en los homicidios y extorsiones en Lima Metropolitana y Callao durante 2025

Según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se han registrado un total de 56 homicidios de choferes en Lima Metropolitana y el Callao. La mayoría de estas víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, un patrón que se ha consolidado como la modalidad más frecuente para cometer estos asesinatos en zonas urbanas.

En resumen, aproximadamente el 80% de los atentados se perpetran mediante interceptaciones desde motocicletas lineales, con disparos a corta distancia, muchas veces sin amenazas previas. Este aumento en los crímenes está estrechamente vinculado con el incremento explosivo en las denuncias por extorsión, que afecta de manera particular al sector transporte.

La República consultó con diversos expertos para analizar cómo en Perú las cifras de extorsiones, asesinatos y detenciones por estos delitos han aumentado de manera drástica no solo en el último año, sino en los últimos cuatro. Este fenómeno refleja la expansión del crimen organizado y la aparente debilidad de la respuesta estatal ante estos problemas.

Meses de mayor violencia en 2025

Entre enero y julio de 2025, el promedio mensual de transportistas asesinados era de cinco. Sin embargo, en el último trimestre del año, la violencia se intensificó notablemente. Septiembre cerró con 31 homicidios, siendo el mes más violento del año. Octubre registró 18 víctimas y, en los primeros días de noviembre, ya se había reportado una nueva víctima.

Este incremento en los homicidios se produce en un contexto de creciente inseguridad y extorsión. Según el SIDPOL-PNP, entre enero y octubre de 2025 se han reportado 23.213 denuncias por extorsión, lo que representa un aumento del 27,4% en comparación con las 18.215 denuncias del mismo período en 2024.

El fenómeno presenta también un impacto geográfico evidente. Las denuncias aumentaron especialmente en Lima Metropolitana (+49,8%) y en el Callao (+45,6%). Además, 19 regiones del país muestran incrementos respecto a 2024, incluyendo Junín, Lambayeque, Arequipa, Loreto y Cusco.

En promedio, cada 19 minutos se reporta una denuncia por extorsión en el país, lo que equivale a unas 76 denuncias diarias. La tendencia indica que 2025 será el año con el mayor número de denuncias por extorsión en la historia reciente del Perú.

Críticas a la gestión del Estado

José Saavedra Molina, presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras (MIC Latam), advierte que este mes ejemplifica cómo el gobierno de Dina Boluarte no priorizó, bajo ninguna circunstancia, un planteamiento estratégico para combatir la delincuencia. Saavedra señala que, al revisar las estadísticas, resulta evidente que la administración no prestó suficiente atención a un factor clave demandado por muchos expertos en seguridad ciudadana: la inteligencia territorial para ubicar y desarticular bandas criminales que afectan al transporte público.

La impunidad en los delitos de extorsión

A pesar del alarmante volumen de denuncias, el sistema de justicia penal en Perú muestra una preocupante ineficiencia para sancionar estos delitos. Datos del INPE revelan que, entre enero y julio de 2025, solo 295 personas ingresaron a penales por extorsión, y de ellas, únicamente 11 cuentan con sentencia firme, lo que representa un 3,8%. Las otras 284 permanecen como procesadas sin condena definitiva.

Stefano Corzo, experto en seguridad ciudadana, explica que las organizaciones criminales tienen una alta capacidad de adaptación, por lo que las medidas de emergencia solo logran reducir temporalmente su actividad delictiva. Además, señala que la falta de un sistema judicial y penal robusto impide garantizar sanciones efectivas. “No basta con capturar extorsionadores si al final terminan en libertad por falta de pruebas o por procesos mal estructurados. El Estado ha fracasado en construir una cadena de justicia eficiente, desde la denuncia hasta la condena”, afirma.

Históricamente, entre 2022 y octubre de 2025, se han acumulado 84.581 denuncias por extorsión en el país. Sin embargo, solo 363 personas han sido encarceladas por este delito en ese período, lo que equivale a un 0,4% del total de denuncias, evidenciando una impunidad estructural en la lucha contra las mafias.

Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE y exministro del Interior, criticó que el actual director de la institución penitenciaria no haya promovido ni cumplido su rol en la ejecución de la política penitenciaria nacional. Según Pedraza, esto ha permitido que cabecillas de organizaciones criminales continúen operando en las cárceles, un hecho que no se refleja en las estadísticas oficiales pero que es de conocimiento público. “Encerrar a los extorsionadores no es suficiente si no se combate la delincuencia tanto en las calles como dentro de las instalaciones penitenciarias”, afirmó.

Actualmente, solo 1.390 personas están recluidas por delitos de extorsión, de las cuales el 54% (750) aún no tienen sentencia definitiva. El analista de datos Juan Carbajal señala que «ningún día del año en Perú ha registrado cero homicidios», tras revisar cifras penitenciarias y bases de datos oficiales.

Pedraza advierte que la responsabilidad de establecer objetivos a largo plazo para luchar contra la delincuencia, incluyendo extorsionadores, recae en el Congreso y en las autoridades, y que aún lejos del estado de emergencia, estos objetivos deben ser priorizados.

Zonas afectadas y montos exigidos

La Fiscalía alerta que en el país una denuncia por extorsión se presenta cada 20 minutos. Las regiones más afectadas por el crimen organizado son La Libertad y distritos limeños como Los Olivos, Ate y Villa El Salvador.

Las organizaciones criminales exigen montos que pueden alcanzar hasta S/15.000 por cada extorsión, aumentando la presión y el temor en las comunidades afectadas.