Fiscalía solicita más de 22 años de cárcel para José Luna, presunto líder de organización criminal en Podemos Perú

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada ha presentado formalmente una acusación contra el congresista José Luna Gálvez, líder del partido Podemos Perú, por su presunta participación en una red criminal que habría manipulado procesos electorales y controlado instituciones clave del sistema judicial y electoral del país. La denuncia, enmarcada en el caso denominado “Los Gángsters de la Política”, solicita una pena de 22 años y ocho meses de prisión para Luna Gálvez, además de otras sanciones para varios involucrados.

La acusación no solo afecta a Luna Gálvez, sino también a 18 personas más, incluyendo a su hijo, José Luna Morales, exasesores electorales y exconsejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Además, involucra a dos entidades jurídicas: la universidad Telesup, fundada por Luna Gálvez, y el propio partido Podemos por el Progreso del Perú, hoy conocido como Podemos Perú. A todos se les atribuyen delitos graves como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Según la investigación, la estructura delictiva habría operado en tres fases principales desde 2014. La primera consistió en influir en la elección del director de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mediante beneficios económicos entregados a exmiembros del CNM. Estos pagos, presuntamente financiados por Telesup, buscaban impedir la ratificación del entonces jefe de la ONPE, Mariano Cucho, y facilitar la designación de Adolfo Castillo, considerado cercano a la red.

En la segunda etapa, la organización habría tomado control de la ONPE, colocando a funcionarios afines a Luna Gálvez en puestos estratégicos, muchos de ellos vinculados a Telesup, con el fin de asegurar la ejecución de sus planes internos. La tercera fase implicó la inscripción irregular del partido Podemos, mediante procedimientos fraudulentos y validaciones aceleradas de firmas, permitiendo que la agrupación política participara en las elecciones de 2018.

La Fiscalía también ha solicitado sanciones severas para otros implicados, incluyendo penas de hasta 26 años para exconsejeros del CNM, multas elevadas y la prohibición de salida del país por 18 meses para varios investigados. Estas acciones buscan demostrar cómo redes privadas han manipulado instituciones estatales con el fin de influir en el proceso democrático, poniendo en riesgo la institucionalidad del país.

Este caso no solo marcará un precedente judicial en Perú, sino que reaviva el debate sobre la corrupción en el financiamiento y surgimiento de partidos políticos, así como el papel de organismos autónomos en la protección del sistema democrático. La investigación continúa y el proceso penal determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes para todos los implicados.